Caso Mascarillas: la Fiscalía Europea amplía la investigación a Cruz, Machín y Mohammed
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Se levanta el secreto de la investigación y citan a declarar en calidad de investigados a nueve personas, entre ellas a Conrado DomínguezFrancisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 20 de marzo 2024
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La Fiscalía Europea ha levantado el secreto de la instrucción del caso Mascarillas tras más de un año y tres meses de investigación y, entre otras cuestiones, ha ampliado la lista de investigados con la inclusión de los intermediarios/comisionistas Lucas Cruz y Samuel Machín, y el proveedor Ihsan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh. Estos nombres se suman a los ya conocidos del exdirector de Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, el propietario de RR7 United, Rayco Rubén González, la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, el intermediario Oswaldo Lastras y tres familiares de González.
También ha investigado cuentas en Italia y Bélgica y ha solicitado información al Reino Unido sobre la empresa de Mohammed Al Sabbagh que responde al nombre de Yilhal Import and Export. De esta forma, el organismo da por concluida la parte de la instrucción que entendía se debía realizar con carácter reservado y que se centraba en el análisis del móvil del investigado Rayco Rubén González. Este informe ya está en manos de las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez.
El día 15 de abril a las 10.30 horas tendrá que declarar Rayco Rubén González y a las 11.30 Samuel Machín. Mientras, el 22 del mismo mes harán lo propio Oswaldo Lastras a las 10.00 y Lucas Cruz a las 11.00 horas. El día 29 les toca a Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, a las 11.00 a la esposa de González y a las 12.00 a su primo. Conrado Domínguez declarará el 6 de mayo a las 10.00 horas y Ana María Pérez comparecerá el 8 del mismo mes a la misma hora.
El decreto emitido por la Fiscalía Europea de Madrid, de fecha 19 de marzo y al que ha adelantado en exclusiva este periódico, describe que las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), han arrojado indicios de sobra como para entender la «posible implicación en los hechos de nuevas personas», como el propietario de la mercantil Yilhal Import and Export, Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh. Este empresario es al que González compró las mascarillas 3M que llegaron a la isla y que se determinó con posterioridad que eran falsas.
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Francisco Suárez Álamo
En este escenario, la Fiscalía entendió necesario en marzo de 2023 ampliar la autorización a los investigadores para poder analizar las conversaciones entre Rayco Rubén González, su esposa e Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, así como de Samuel Machín y la mujer de Rayco y Mohammed Al Sabbagh. Solicitaron asimismo que la ampliación se extendiese a los archivos de imágenes, audio, vídeo o documentos contenidos en los teléfonos analizados respecto de las personas mencionadas.
Esta diligencia la aprobó el 26 de abril de 2023 el Juzgado Central de Instrucción nº4, como Juez de Garantías en el presente procedimiento.
De la misma forma, la Fiscalía ha emitido peticiones de asistencia a lo largo de este procedimiento a sus delegaciones en Bélgica e Italia para esclarecer el destino del dinero que pagó el SCS a RR7, «habiéndose recibido la información solicitada».
También recabaron información por parte de las autoridades del Reino Unido acerca del supuesto intermediario Ihsan Mahmhoud, empresario de origen jordano y afincado en Londres, que fue denunciado a la Policía Nacional por el administrador de RR7 United tras haberse puesto en contacto para la compra de material sanitario gracias a la intermediación de Lucas Cruz.
Tras más de un año de investigación, el 19 de marzo la UDEF concluyó el informe sobre el resultado del análisis del terminal del investigado Rayco Rubén González y anexos al mismo, remitiendo un disco duro a las fiscales que contiene una carpeta llamada 'teléfono Rayco', con toda la información del terminal del investigado.
Al finalizar esta diligencia, las fiscales han concluido que hay indicios de posible criminalidad en el actuar de dos personas más como es el caso de los comisionistas/intermediarios Lucas Cruz y Samuel Machín.
Fue el enlace entre González y Mahmhoud para la adquisición del lote de mascarillas 3M falsas
Ejerció de puente entre el SCS y RR7 United y luego facilitó información al fiscal Anticorrupción
El primero de ellos es un empresario grancanario que saltó a la luz pública en mayo de 2019 al erigirse como el representante legal en Europa del fondo de inversión norteamericano HMK Holdings LP, que quería comprar el CB Gran Canaria.
Finalmente esta operación no salió adelante y dejó numerosas dudas de la autenticidad de la oferta y del propio fondo. Fue el enlace entre Rayco Rubén González y el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed para la adquisición del lote de mascarillas 3M que luego resultaron ser falsas.
Por su parte, Machín es un agente comercial que ejerció de puente entre el SCS y RR7 United cuando esta última presentó una oferta para la venta de un millón de mascarillas. Había pactado una comisión por esta operación de 80.000 euros, que luego ascendió a 100.000, y que no llegó a cobrar íntegramente.
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F.S.A / F.J.F
Fue quien facilitó en su momento a Anticorrupción toda la documentación para que el fiscal Javier Ródenas interpusiera la querella. Facilitó correos, mensajes, audios y demás documentación. El letrado de la defensa del dueño de RR7, Rachid Mohamed, pidió en su día al magistrado de Instrucción 7 que estaba encargado de la causa su declaración en calidad de investigado, pero finalmente se la tomó como testigo. Ahora figura como imputado.
En este caso Mascarillas que fue desvelado por CANARIAS7, se investigan las circunstancias en las que el Servicio Canario de Salud (SCS) encargó en las semanas iniciales de la pandemia de Covid-19 (2020) la importación de una partida de un millón de mascarillas FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7 United, que cobró por adelantado cuatro millones de euros pero no llegó a entregar nunca el material, ni en ese momento, ni en 2021, cuando le dieron una segunda oportunidad.
Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y el director del SCS en aquellas fechas, Conrado Domínguez, en prevaricación y tráfico de influencias.
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Domínguez presentó su renuncia al cargo tras conocerse las implicaciones de la declaración de Rayco Rubén González y que, a raíz de ellas, el juez del caso ampliaba la investigación a un quinto delito: malversación de fondos públicos.
También figura como investigada la que fuera directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, el intermediario Osvaldo Lastras y la esposa, la madre y un primo de González.
La Fiscalía Europea demandó en ese momento instruir el caso porque sospechaba que en ese contrato y, quizás también en otros, el Gobierno de Canarias pagó el material comprado con fondos europeos, lo que habilitaba su competencia.
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Lucía Álamo Valencia
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