Declaración de Conrado Domínguez por el caso Mascarillas. / c7

Caso Mascarillas: Domínguez endosó a Ana María Pérez y su equipo toda la responsabilidad

Ante el juez, dijo que no entraba en sus competencias evaluar la solvencia de RR7, que tampoco tenía experiencia en ello y que él no ordenó ni negoció el segundo contrato

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, declaró el pasado jueves ante el juez del caso Mascarillas que la responsabilidad del expediente, si se comprobó o no la solvencia de la empresa RR7 y la propuesta de un segundo contrato tras el fiasco del primero fue de Ana María Pérez, que era entonces directora general de Recursos Económicos y su equipo.

Tanto Pérez como el propio Domínguez están investigados por prevaricación y tráfico de influencias en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. La imputación se extiende al empresario Rayco González, dueño de RR7, que recibió 4 millones de euros de Sanidad por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. Rayco González está investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales.

En la declaración, a cuyo vídeo ha accedido en primicia CANARIAS7, se puede ver a Domínguez contestando a las preguntas del juez Francisco Javier García García-Sotoca e insistiendo en varias ocasiones en que no hizo averiguaciones sobre la solvencia de RR7 porque no le correspondía y tampoco tenía experiencia en esas labores.

«Después de sus múltiples mensajes, ¿nunca se preocupó por la solvencia, habida cuenta su dilatada experiencia en la administración?», le preguntó el juez, refiriéndose a los mensajes intercambiados con Samuel Machín, intermediario en la operación y que había pactado una comisión por el negocio con RR7. «No», le contesta Domínguez.

«Eso le correspondía al órgano de contratación», declaró el director del SCS cuando se le inquirió sobre si se tomaron unas «cautelas elementales» sobre la seguridad de contratar con RR7.

Respecto a que se hicieran los dos pagos de dos millones de euros cada uno sin haber recibido al menos una mínima entrega de las mascarillas, contestó que «las condiciones eran el 100% del pago» de manera previa, «como en numerosas contrataciones». En ese punto, subrayó que era un «contrato de emergencia» en unos meses de tensiones en los mercados por la falta de material sanitario a nivel mundial.

Sobre la 'reactivación' del contrato con RR7 cuando había sido extinguido por Sanidad tras llegar unas mascarillas falsas, Domínguez traslada nuevamente toda la responsabilidad a Ana María Pérez. Así, cuenta que fue ella quien le mandó las alegaciones de la empresa, que planteaba la posibilidad de conseguir otro modelo de mascarillas, y que él solo intervino para que fueran 1,2 millones de tapabocas (200.000 más), de otra marca, si bien por el mismo montante económico ya pagado. «La directora general y su equipo», prosiguió Domínguez, elaboraron la propuesta para levantar la extinción del contrato, él consiguió, vía Samuel Machín, ese incremento en 200.000 mascarillas y se fijó un plazo de entrega de 7 días, y le pasaron el documento a la firma y lo suscribió. Las mascarillas tampoco llegaron.

El juez llega a preguntarle si le constaba que hubo un intercambio de «borradores» de ese nuevo contrato y Domínguez dice tajante que él no participó en ello. «Ana me contó que había propuesto esa oferta», sentenció.