Los denunciantes del ‘caso grúas’ exigen la dimisión de Clavijo

Al respecto, los portavoces de los grupos denunciantes, Santiago Pérez (Por Tenerife-NC) y Rubens Ascanio (Unid@s se puede) afirman que continuarán adelante y actuarán como acusación particular mientras el expediente esté en instrucción en La Laguna y cuando se traslade al TSJC. Señalan que el caso «es tan escandaloso, que cualquier responsable político hubiera dimitido», aunque Pérez se muestra convencido de que no lo hará «porque ha encontrado, sin buscar mucho, la muleta necesaria para sostenerse en el PSOE de Ángel Víctor Torres».

La Audiencia Provincial estimó los recursos de Por Tenerife y Unid@s se puede -alianza entre Podemos y Sí se puede- contra el archivo de la causa y ordenó reabrirlo y realizar investigaciones adicionales indicando que los hechos «pueden revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias». Según Pérez, el auto reconoce que Clavijo tiene un «papel estelar desde que era concejal».

Tanto él como Ascanio comparten el criterio de la juez de inhibirse a favor del TSJC «porque hay que tomar declaración a Clavijo y debe ser en calidad de imputado». Subrayan que, además de los perjuicios cuantitativos que se ha ocasionado a las arcas municipales, «cualitativamente los datos constituyen el retrato robot de un gobernante, adelantado por lo que ya supimos en el caso corredor.

Tanto Pérez como Ascanio se mostraron críticos con la actuación del Ministerio Fiscal «que parece la defensa de Clavijo».

Denuncia política. «Como Gobierno no entramos a valorar algo que aún no ha ocurrido», indicó la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila. Agregó que se trata de «una denuncia política sobre un expediente administrativo que ha sido archivado en varias ocasiones» informa Europa Press.

Podemos. Mediante una nota, la formación morada ve necesaria una censura en el Parlamento «por sentido común y para que la ciudadanía sepa que no todos somos iguales y para que, por salud democrática, todos los partidos se retraten». Agrega que «nos da igual que PP y ASG lo apoyen desde fuera, lo que importa es la situación judicial de Clavijo y si está o no imputado por malversación y corrupción».

No opinan. NC y PSOE declinaron ayer valorar la situación de Fernando Clavijo -en su etapa de concejal y alcalde de La Laguna- en el caso grúas y argumentaron que no valoran un procedimiento que se halla en vía judicial.

PP. El concejal popular Antonio Alarcó expresó su respeto por los tiempos judiciales - «que no son los mismos que los políticos»- y mantendrá la presunción de inocencia «para todo el mundo». Su interés, dijo, es «que se llegue hasta el fondo del asunto y quede aclarado para siempre».

Concesión de un servicio y rescate de la empresa

La causa del caso grúas -archivada por el Juzgado de Instrucción número dos de La Laguna y reabierto por un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife- se inició en 2003, cuando el entonces concejal lagunero de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo, abrió expediente para privatizar el servicio de grúas por entender que el operativo público era insuficiente.

A mediados de 2004 se adjudica el servicio por cinco años al empresario -no empresa- José Padilla. Esta situación generó las críticas de la oposición y, en 2005, la adjudicación pasó del promotor a su empresa, Autogrúas Poli S.L. Numerosas dificultades económicas -algunas de ellas por el retraso de los pagos del Ayuntamiento- crean una situación insostenible en la adjudicataria y, como salida, Padilla opta por venderla a un grupo de empleados en 2011. Tal como indica la Audiencia en su auto, algunos de estos compradores podrían tener vinculaciones con Clavijo.

Tras esta operación, el Ayuntamiento ingresa 200.000 euros de deuda a la empresa de grúas, pero no resuelve su crisis económica. De tal manera, que el Gobierno municipal decide, a principios de 2014, asumir el control de la prestación de Autogrúas Poli, que ya acumulaba una deuda de 300.000 euros. Ese mismo año, se aprueba un crédito de 120.000 euros para paliar esta situación. Aún así, el Ayuntamiento amplía el contrato durante cinco años más, pero sólo un año después, en 2015, Grúas y Servicios Adeje compra Autogrúas Poli y asume deudas de más de 700.000 euros.