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La inminente firma del Plan Integral de Empleo (PIEC) que los Gobiernos central y canario van a suscribir esta misma semana tras obtener luz verde del Consejo de Ministros conlleva el traspaso inmediato a las arcas autonómicas de 42 millones de euros para políticas de empleo y supone el desbloqueo de facto de los fondos que el Estado adeuda a las islas.
El decreto con que el Ejecutivo estatal va a liberar los 42 millones del PIEC correspondientes a la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ahora prorrogados, implica el reconocimiento explícito de que el Gobierno de Sánchez sí tiene capacidad para traspasar los recursos pendientes pese a estar en funciones.
Desde el Ejecutivo regional la firma del Plan de Empleo se interpreta como un paso determinante, no solo por su importancia para paliar las desventajas estructurales del mercado laboral canario -es de hecho una de las partidas más relevantes de la ficha canaria en los Presupuestos-, sino porque pretende ser el primero de una serie de acuerdos con el Estado con los que Canarias espera desatascar buena parte de los recursos consignados que aún no han sido traspasados.
El Gobierno estatal ya abonó a las islas a principios de agosto los 18 millones de euros que quedaban pendientes de un total de 30 millones que integran la partida presupuestaria pactada con la anterior Administración del PP para combatir el alto grado de pobreza y exclusión social que sufre el Archipiélago.
Tras la firma del PIEC, las miras del Ejecutivo canario están puestas en la comisión de seguimiento del convenio de carreteras que se va a reunir el jueves en Madrid, al objeto de redefinir las anualidades para incorporar los 400 millones de euros avalados por sentencia del Tribunal Supremo que Fomento ha reconocido finalmente como deuda.
En este caso, dado que el Gobierno estatal en funciones carece de competencias para firmar un nuevo acuerdo, su concreción –y por tanto la recuperación de los 400 millones- queda a expensas de que Sánchez pueda configurar un nuevo Ejecutivo antes del 23 de septiembre, algo que salvo sorpresa de última hora se da prácticamente por descartado.
Hay otras partidas bloqueadas, sin embargo, que al estar recogidas en los Presupuestos Generales del Estado vigentes sí podrían ser transferidas a Canarias aunque el Ejecutivo siga en funciones hasta 2020. En este punto se encuentran, junto a otras partidas de menor cuantía, las dotaciones de los convenios de infraestructuras educativas (42 millones), el de obras hidráulicas (40 millones) e el de infraestructuras turísticas, por valor de 15 millones.
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