Las reclamaciones por falta de transparencia suben un 69,7%

20/11/2018

El comisionado da la razón a la inmensa mayoría de las quejas que se presentaron durante 2017. Los juzgados han condenado al ayuntamiento de la capital grancanaria por actuar con opacidad

El Comisionado de Transparencia se vio obligado a abrir 154 expedientes por las reclamaciones que presentaron ciudadanos y entidades de diverso tipo durante 2017 contra las Administraciones Públicas que desatendieron las demandas de información, lo que representa un aumento del 69,7% respecto al año anterior.

Es uno de los datos que figuran en la memoria que el titular del comisionado, Daniel Cerdán, entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, con el fin de abrir el debate en la Cámara sobre el mismo.

Lejos de disminuir este tipo de reclamaciones por consolidarse la transparencia, se prevé un «alto nivel de crecimiento que va a superarse en 2018, a tenor de las reclamaciones recibidas hasta septiembre». En 2016 se tramitaron 91 expedientes a pesar de los escasos medios materiales y personales con que trabaja el órgano encargado de vigilar la difusión de la información pública.

De las 121 reclamaciones que fueron admitidas, el 84% obtuvieron el respaldo del comisionado -el 57% de manera total y el 11,5% de forma parcial- y solo 15 fueron desestimadas.

Cabe destacar el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por cuanto es la Administración que mayor número de condenas judiciales registró en 2017 por falta de transparencia.

Cerdán puntualizó que este ayuntamiento recurrió contra el Comisionado de Transparencia sin éxito lo que conlleva que la corporación, además de entregar la información solicitada -expediente de Citynet, un dossier sobre Emalsa y un expediente sobre creación de un comité técnico asesor-, deberá pagar las costas procesales.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula es otra corporación local que se ha visto condenada por incumplir las obligaciones de transparencia.

Todo ello a pesar de que ni la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ni la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública regulan la ejecutividad de sus resoluciones y como enfrentarse al incumplimiento de las mismas, se señala en la memoria.