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Las grúas siguen aparcadas en el Tribunal Superior

Las grúas siguen aparcadas en el Tribunal Superior

Francisco Suárez Álamo y / Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 1 de enero 1970

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A las 10.30 horas de mañana lunes, el concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Miguel Pérez-Godiño Pérez, casado con la histórica dirigente de CC en Tenerife Marisa Zamora [exdiputada autonómica y ahora concejal en Santa Cruz], tiene cita en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Le espera allí la juez Celia Blanco, que lo ha llamado en calidad de investigado -lo que antes se conocía como imputado- en el marco de la investigación del caso grúas, del que la misma magistrada elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al entender que para seguir adelante con el procedimiento hay que abordar el papel desarrollado por «el otro investigado»: Fernando Clavijo, aforado por su condición de presidente del Gobierno de Canarias, y que intervino en el azaroso expediente de la concesión de grúas de La Laguna siendo primero concejal de Seguridad Ciudadana y luego alcalde.

Mañana están citados también en el juzgado los funcionarios Alejandro Cordero Díaz y Antonio J. Vera Mesa. Deberán acudir a las 9.30 horas pero en su caso lo harán como testigos. Fueron los encargados de la intervención de la concesión, en una decisión que, según explicó esta semana en El debate de TVE-C Fernando Clavijo, buscó devolver el equilibrio financiero a la empresa, evitar la municipalización del servicio y garantizar la mejor solución para los laguneros: que el servicio se siguiera prestando y que no tuviese un coste adicional para los vecinos.

Frente a esa versión de Clavijo está la de los denunciantes del caso, los partidos Sí se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, que hacen hincapié en que la actuación municipal está trufada de presuntas irregularidades, haciendo hincapié en cómo desde la Concejalía y la Alcaldía se obviaron los reparos de la Intervención municipal, recurriendo incluso a dictámenes jurídicos externos para ello. Esos dos partidos judicializaron el caso; la jueza Celia Blanco dictó el sobreseimiento provisional y en octubre la Audiencia Provincial estimó el recurso de aquellos, en un severo auto en el que reprocha a la magistrada de Instrucción número 2 sus prisas ante unos indicios que pudieran corresponder a tres delitos enclavados en la corrupción política: prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Así, el caso está ahora en dos escenarios en paralelo: Instrucción 2 de La Laguna, con esas citaciones fijadas para mañana, y el Tribunal Superior de Justicia, donde la magistrada Carla Bellini fue designada esta semana para asumir el escrito que remitió Celia Blanco. Bellini recabó el parecer de la Fiscalía, labor encomendada al teniente fiscal, Demetrio Pintado, en un dictamen que es preceptivo pero no vinculante.

Esa dualidad llevará previsiblemente, según fuentes judiciales, a que el TSJC reclame a la jueza copia de las declaraciones de mañana y del resto del procedimiento.

En cuanto al edil Pérez-Godiño, cabe recordar que la Audiencia Provincial lo señala como el edil que dictó el decreto 1.124/2014 de 27 de agosto, por el que se prorrogó por otros cinco años la concesión a Autogrúas Poli SL, pese a que la Intervención municipal mantenía reparos sobre esa medida. Un año después, la empresa fue vendida a Grúas y Servicios Adeje SL por un 1 euro, asumiendo esta una deuda de 715.215 euros. Esa venta fue hecha por unos trabajadores convertidos en empresarios y entre los que, según los denunciantes y según recoge también la Audiencia, había «amigos» de Fernando Clavijo. Al declarar como testigos ante Celia Blanco, varios de ellos admitieron ese vínculo. Esta semana, el presidente Clavijo rebajó el grado de amistad a la coincidencia en clases de kárate y algún campamento en la península para la práctica de ese deporte.

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