La técnica imputada responsabiliza de todo a uno de los interventores

Rosario Hernández Eugenio, la que fuera directora del área de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna en la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, apuntó este jueves directamente al también funcionario municipal Alejandro Cordero, como el técnico responsable de avalar tanto la concesión del crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli para intentar su reflote, como de la prórroga de la concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública cuando la empresa seguía aún en quiebra.

La declaración de la funcionaria, que ocupaba un cargo de libre designación, se presentaba como clave en el desarrollo judicial del caso Grúas, no solo porque es la primera imputada no política en la causa, sino porque fue la persona en la que Fernando Clavijo y el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ambos también imputados, descargaron toda la responsabilidad del expediente.

Hernández Eugenio, que está imputada por posible cooperación en el delito de prevaricación, se negó a responder a las preguntas de la acusación y lejos de devolver a sus máximos responsables políticos (tanto Díaz como Clavijo fueron antes de alcaldes, concejales de Seguridad) la responsabilidad que ellos no dudaron en trasladarle, la descargó en los funcionarios que en 2014 asumieron cautelar y temporalmente la gestión de las grúas de La Laguna, y en concreto en Alejandro Cordero.

Pero todo tiene su explicación. Rosario Hernández Eugenio y Alejandro Cordero fueron en similar medida señalados por las defensas de Clavijo, Díaz y también del otro político imputado, Antonio Pérez-Godiño, y ahora ella concentra toda esa responsabilidad en Alejandro Cordero.

Según declaró ayer Hernández Eugenio, «la responsablidad de las prórrogas y los préstamos es de los interventores dentro del ámbito de la asunción del servicio» y que fue «su informe en el que se basaron para levantar el reparo», tanto para la concesión del crédito como para la prórroga del servicio.

Cordero declaró en su día –fue llamado como testigo, pero ahora la Audiencia Provincial debe decidir si vuelve a comparecer como imputado– que si bien constataron (el y Antonio Vera, el otro interventor) que la empresa concesionaria del servicio de grúas necesitaba una inyección de dinero para ser viable, y así lo informaron, ellos no propusieron ni que fuera el propio Ayuntamiento de La Laguna el que diera un préstamo, ni muchos menos que se le prorrogara la concesión otros cinco años, hasta el 2019.

Fueron Hernández Eugenio, como directora de Seguridad y el entonces concejal del área, José Alberto Díaz, los que firmaron, según la documentación que obra en la causa, tanto la propuesta de préstamo como la de la prórroga del servicio y también fueron ellos, cuando el interventor pone reparos a esas propuestas, las que pidieron por escrito que se levantaran los reparos.

La Audiencia Provincial ya señaló que sin los informes que él y Hernández Eugenio firmaron no hubiese habido ni levantamiento de reparos, ni acuerdos de préstamo y prórroga.

La que fuera hasta mediados del año pasado directora de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna explicó este jueves que cuando los interventores del servicios de grúas le manifestaron que la concesión estaba a punto de caducar y que, con el servicio secuestrado, conforme a la normativa, el área de Seguridad Ciudadana tiene que intervenir el expediente, decidió elevar consultas a la asesoría jurídica, quien le señaló que «van a realizar una consulta externa», es decir, que se va a pedir un informe a la Universidad de La Laguna (ULL), el que finalmente se encargó a Francisco Villar y Francisco Clavijo para dar sostén a la prórroga de la concesión otros cinco años.

En aquel momento, el titular de la asesoría jurídica del Consistorio era Ceferino Marrero, el ahora secretario general de Presidencia del Gobierno con Fernando Clavijo. Según Hernández Eugenio, fue Marrero quien le indicó que existía un convenio de colaboración con la ULL de asesoramiento externo y también fue decisión suya solicitar el informe y que a ella le «pareció bien».

En su declaración de este jueves, Hernández Eugenio explicó que el catedrático Francisco Villar señaló que los plazos de la prórroga del servicio de grúas «no son esenciales», que «lo esencial es la prestación del servicio» y que, «en última instancia el plazo debe ser el de la finalización de la concesión».

El propio Villar, según Hernández Eugenio, fijó ese plazo en «el de la vigencia del contrato» que es «de cinco años [concluye el 27 de agosto de 2019] con una vigencia máxima de 25 años.

Indicó además que no hubo duda de que ese fuese el plazo y que, de hecho, «no hubo informe en contra».

Respecto a opción de caducar o no de la concesión, la que fuera directora de Seguridad indicó que era la Junta de Gobierno local quien tenía que tomar esa decisión.

Respecto a la intervención de Autogrúas Poli, indicó que se decidió porque «hay un riesgo para la prestación del servicio».

Si este jueves Rosario Hernández señaló a uno de los interventores del servicio de grúas, Alejandro Cordero, como el responsable de los informes que dieron pie al levantamiento de reparos tanto para conceder el crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli como para prorrogar la concesión aún con la empresa en quiebra, las funcionarias que el martes prestaron declaración como testigos lanzaron un dardo contra quienes han defendido que el préstamo hecho a la empresa cumplía con todas las de la ley.

Aseguraron la jefa del Servicio de Contabilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Marta Rodrigo, y la directora del Servicio Jurídico municipal, Isabel Cubas, que la fianza que en 2004 puso el propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, como garantía de la concesión del servicio de retirada de vehículos no solo no se puede considerar como aval del préstamo que el Consistorio dio a la empresa en marzo 2014, sino que en la contabilidad municipal nunca se llegó a registrar aval alguno para el préstamo.

Las defensas de los imputados políticos –Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño– siempre defendieron que la fianza de José Padilla para recibir la concesión bastaba para avalar el préstamo.

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