La Justicia suspende el concurso de Negrín

El juez hace suyos al 100% los argumentos esgrimidos desde un primer momento por Videoreport Canarias, en el sentido de que Santiago Negrín no podía iniciar dicho procedimiento y menos aún resolverlo como administrador de la empresa televisiva, sino que era competencia del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. Así, el juez, en los fundamentos jurídicos, dice expresamente lo siguiente: «En el caso que ahora nos ocupa, resulta de forma evidente, clamorosa, que la voluntad del legislador autonómico ha sido atribuir la competencia para la aprobación de contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos de carácter plurianual o superiores a un millón de euros en su cuantía al Consejo Rector del ente público Radiotelevisión Canaria, mientras que la competencia respecto del resto se atribuye a la presidencia. Basta la mera lectura en este sentido del artículo 15.4k) de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre», que es la que regula el funcionamiento del ente audiovisual y también de sus sociedades mercantiles. Cabe recordar que el concurso es por ocho años y 144 millones de euros.

Por si quedase alguna duda, el magistrado agrega: «El Parlamento ha querido, nada más y nada menos, que la atribución competencial en esta materia tenga rango normativo de ley: por lo que el acto administrativo impugnado, que se refiere a un expediente de contratación de cuantía superior al millón de euros, incurre de manera clara y evidente en nulidad de pleno derecho», todo ello en virtud de los puntos b y e del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, «por haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente y con omisión del procedimiento legalmente establecido para la adopción de acuerdos por el Consejo Rector en materias de su competencia».

Llegado a este punto, el juez pondera los posibles perjuicios para la televisión por la suspensión de procedimiento, pero es en ese punto donde subraya que siempre ha estado en manos de Negrín «someter, nueva e inmediatamente, la iniciación del expediente de contratación al órgano competente (esto es, el Consejo Rector)». Y es entonces cuando concluye el juez que lo que corresponde es suspender el concurso.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife destaca también la inacción del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pudo parar desde un primer momento el concurso de Santiago Negrín y optó por no hacerlo con el argumento de que no era competente al ser la empresa Televisión Canaria y el propio RTVC órganos dependientes del Parlamento, y no del Gobierno. Como se recordará, el citado tribunal, presidido por Pedro Gómez Jiménez, es un ente adscrito a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario. Y sobre esa supuesta fiscalización de los contratos de Negrín por parte del Parlamento, ya los servicios jurídicos de la Cámara concluyeron que el control que ejerce el legislativo es político, por lo que no se extiende a las contrataciones.

En la sentencia conocida ayer se puede leer lo siguiente: «No resulta baladí recordar que la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas de Gran Canaria en el recurso interpuesto por la misma actora [Videoreport Canarias] frente a la inadmisión del recurso especial en materia de contratación resolvió otorgar la medida cautelar solicitada (lo que conllevaba por ministerio de la ley la inmediata suspensión de los actos sucesivos del procedimiento licitatorio hasta tanto no se resolviese expresamente el recurso interpuesto por el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias); no constando en estos autos que dicha circunstancia se haya producida ni el resultado de la misma».

Y efectivamente así es: No puede constar en auto alguno porque lo cierto es que el tribunal dependiente del Gobierno sigue sin cumplir lo que le instó a hacer el TSJC, de manera que no se ha pronunciado sobre el contenido del recurso especial que presentó Videoreport Canarias. Tanto en el recurso de esta empresa -asesorada jurídicamente por el despacho jurídico Garrigues- como en la propia resolución del Tribunal Superior se recogía que, en caso de que Pedro Gómez hubiese admitido la impugnación, automáticamente el concurso de Negrín habría quedado en suspenso. Es decir, hace meses que el tribunal dependiente del Gobierno pudo haber frenado lo que ahora la Justicia concluye que ha sido «un acto administrativo que, de forma evidente, esperpéntica y clamorosa, ha sido dictado por un órgano carente de competencias para ello».

Lo que sí hicieron Santiago Negrín y el propio Gobierno de Canarias, en representación del tribunal de Pedro Gómez, fue recurrir aquella decisión del TSJC, un procedimiento que sigue pendiente de ser resuelto.

Tras declarar desierto el concurso de informativos que él mismo convocó, Santiago Negrín inició un procedimiento negociado sin publicidad. En ese nuevo acto administrativo, actúa nuevamente al margen de sus competencias, pues lo hace como administrador único de Televisión Canaria, cuando la sentencia deja muy claro que la licitación corresponde al Consejo Rector al superar una anualidad y el millón de euros de cuantía. En este sentido, el fallo no deja margen para la duda, pues dice expresamente que está en manos de Santiago Negrín «someter, nueva e inmediatamente, la iniciación del expediente de contratación al órgano competente (esto es, el Consejo Rector». ¿Tiene margen de tiempo el Consejo Rector, habida cuenta que la concesión de Videreport Canarias concluye a finales de junio? Sí, puesto que la nueva redacción de la ley de contratos del Estado, en vigor desde marzo, permite una prórroga excepcional de 9 meses.

A pesar de que sabía que estaba pendiente de resolver el juzgado tinerfeño la petición de suspensión cautelar pedida por Videoreport Canarias, que cuestionaba sus competencias para convocar el concurso, Santiago Negrín sigue actuando con mucha prisa para resolver la licitación, ahora reconvertida en un negociado sin publicidad. Ayer procedió a la apertura del sobre número 1 de la empresas que participaron en el concurso inicial y en este segundo: Liquid Media (del grupo Mediapro, presidido por el catalán Jaume Roures y cuyo accionariado controla un fondo de inversión chino), Nuntium TV (creada por Editorial Prensa Ibérica, editora en Canarias de La Provincia y La Opinión de Tenerife, y el grupo Prisa, dueño entre otros medios de la Cadena SER), y Videoreport Canarias SA (actual concesionaria del servicio y participada por la editora de CANARIAS7). Esas prisas de Negrín chocan todavía más si se tiene presente que en la última reunión del Consejo Rector la secretaria y jurista del mismo, Cristina Duce, le advirtió expresamente de que actuaba «en fraude de ley». Los otros dos consejeros de RTVC también le instaron a parar y tampoco les hizo caso.

1. Cambió de asesor. Orozco ya le advirtió.

Negrín fue advertido en reiteradas ocasiones de que no podía convocar el concurso sin contar con el Consejo Rector. El primero que se lo dijo, y por escrito, fue el jurista Martín Orozco, que asesoró durante años a RTVC. Lo que hizo Negrín fue cambiar de asesor y fichar al despacho de Carlos Cabrera.

2. Clavijo consintió. Con la ayuda de Torres.

Hay un segundo momento clave: con el fin de que el PSC girase y se sumase a CC en la defensa de Negrín y su concurso, el presidente Fernando Clavijo pidió a los Servicios Jurídicos que aclarasen si Negrín estaba facultado para convocar el concurso. El fallo judicial desautoriza a los juristas del Gobierno.

3. Jugó con la mesa. De la nulidad a desierto.

La mesa de contratación empezó a tener serias dudas sobre la validez del procedimiento. Y le trasladó a Negrín esas dudas, con parte de los miembros inclinándose por el desistimiento, esto es, la nulidad del concurso. Lo que hizo Negrín fue declararlo desierto y convocar otro sin contar con el Consejo Rector.

Salvo cambio de última hora, el Gobierno canario tiene que contestar hoy en el pleno parlamentario a una pregunta del Partido Popular sobre el concurso de informativos. Así, la consejera de Hacienda se encuentra ante la tesitura de dar la cara por Santiago Negrín, como consecuencia de una interpelación de la diputada Luz Reverón sobre la «situación en la que se encuentra el concurso de adjudicación de los informativos de la Televisión Canaria». Hasta la fecha, el argumento del Gobierno de Fernando Clavijo era que el concurso no era competencia suya, pese a que el dinero para el mismo lo habilita precisamente la Consejería de Hacienda.