Los interinos critican falta de coordinación en la negociación de las bases para los concursos

El proceso de estabilización de los empleados temporales de la comunidad autónoma está en tiempo muerto después de haberse cumplido el primero de los plazos que marcaba la ley 20/2021. Si para el inicio de junio las administraciones debían identificar las plazas, ahora queda publicar las bases de sus respectivas ofertas extraordinarias (OEP) antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, la merma de la actividad en los meses veraniegos se suma a la falta de coordinación entre administraciones y la dificultad de negociar con los sindicatos per sé, por lo que habrá que esperar al menos hasta septiembre para nuevos avances.

En concreto, echan de menos la designación de una comisión específica para coordinar el diálogo que se está desarrollando paralelamente «de una administración a otra y sin una posición común entre los sindicatos y la Fecam», enfatizan.

El punto más controvertido está en el peso que ocupará la antigüedad y la experiencia en los criterios de baremación de méritos, que podría significar cierto «blindaje» para los canarios afectados por el abuso de temporalidad en el marco de unos concursos que son abiertos. Es decir, cualquiera podría optar a la plaza ofertada.

En este sentido, el Gobierno de Canarias sigue afrontando dos realidades paralelas. Por un lado, la necesidad de llegar a un acuerdo con la Mesa de Negociación para equilibrar esos porcentajes. Por otro, el conflicto con el comité de huelga, que entiende que en ningún caso se está garantizando la permanencia de la totalidad de los afectados.

En el primero de los casos, las propuestas que cuentan con mayor apoyo entre los sindicatos otorgan al menos un 60% a la antigüedad y los servicios prestados a la propia administración convocante, al que se sumaría un 40% de formación. Una cifras que podrían ascender, incluso, a un 90% de antigüedad y un 10% de formación. La restricción a la administración también supondría, entienden, una barrera para las personas que optaran a un trasvase desde otra que no fuera su puesto habitual de trabajo.

Por la parte del comité de huelga, en la que participan Intersindical Canaria (IC) y Cobas, han dado por rotas las relaciones y critican haber continuado un diálogo «al margen del único órgano legítimo para la negociación.

«La ley 20/2021 podrían haber servido para crear empleo público y de calidad, estabilizando a miles de trabajadores y haber hecho justicia», apunta IC. «Sin embargo, han legislado para llevar a cabo el mayor ERE de la historia en la administración pública. Canarias pudo ser pionera pero se limita a seguir directrices de Madrid aunque supongan un grave perjuicio para los afectados».

Si bien no les sorprenden los avances y asumen que continuarán «para cumplir el expediente», no cejan en sus reivindicaciones para cumplir con el acuerdo de abril. De ahí que han interpuesto una demanda contra la Administración para exigir los compromisos adquiridos.

El consejero Julio Pérez ha explicado en varias ocasiones que –con «máximo respeto» a la judicial– no entiende que se haya vulnerado el acuerdo y que el procedimiento selectivo era necesario para cumplir con la norma nacional, negando la posibilidad de que todos los afectados por el fraude de ley pudieran continuar en su puesto de trabajo.

El comité también argumenta en base al pronunciamiento europeo, que es quien ha apretado las tuercas a España para reducir la alta temporalidad. «Ha dejado clara su postura acerca de la infracción de las nomas: incumbe al Estado reparar las consecuencias del perjuicio causado, según los principios de equivalencia y efectividad», añade IC en un comunicado

En este marco, los dos sindicatos han ampliado la huelga otros seis meses, con lo que se cumplirían ya dos años desde el inicio de las protestas.

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