Los interinos, en una protesta frente a Presidencia del Gobierno (archivo). / Arcadio Suárez

Canarias estabilizará el 28,5% de sus plazas temporales

Entre la administración autonómica y las locales suman alrededor de 30.000, de las que la mayoría se resolverá por concurso de méritos

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

Los planes para reducir la alta temporalidad de los empleados públicos continúan hacia adelante tras cumplirse el primero de los plazos de la Ley 20/2021, que establece que antes del 1 de junio las administraciones debían comunicar sus respectivas ofertas extraordinarias (OEP).

En total, Canarias ofertará alrededor de 30.000 plazas, lo que supone un 28,5% de los 104.600 efectivos que a fecha de enero de este año se encontraban trabajando en las administraciones canarias. Según el registro del Ministerio de Política Territorial, unos 34.400 en las entidades locales -cabildos y ayuntamientos- y algo más de 70.600 en la administración autonómica.

En concreto, la comunidad autónoma ha publicado 18.572 plazas, de las que 3.500 corresponden a la Administración General, 5.722 a Educación y, las más numerosas a Sanidad, con un total de 8.741 plazas.

La mayoría de éstas -alrededor del 81%- se convocarán previsiblemente este mismo año por un concurso de méritos al tratarse de las de larga duración, es decir, aquellas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.

El resto, en cambio, afrontarán un concurso oposición que, en casos como el de Educación, podrían incluir en el exámen condiciones especiales que favorezcan más a los interinos.

LAS CLAVES DEL PROCESO

  • Conflicto abierto. El diálogo con el comité de huelga sigue roto pese a que trata de aguantar el tipo ante los avances del Gobierno. Las protestas ya llevan año y medio.

  • Plazos. Las administraciones se enfrentan ahora al reto de publicar las bases de las convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022 y celebrarlas antes de 2024.

  • Objetivo del 8%. La UE obliga a España a reducir en tres años más de 30 puntos porcentuales la temporalidad del personal, que alcanza más del 40% en las islas.

Quedan excluidos de estas cifras los empleados de Justicia, cuya regulación de plazas compete al Ministerio y no al Gobierno canario, según apuntaron desde Función Pública tras la protesta de 24 trabajadores.

A la suma se añaden también las plazas de las entidades públicas y las de las administraciones locales. Los cabildos ofertan 2.160 plazas, que se concentran principalmente en las islas capitalinas: Tenerife ha aprobado 353, mientras que Gran Canaria 403.

Los ayuntamientos, por su parte, alcanzan las 9.110 plazas. Treinta de los 88 que cuenta el archipiélago consiguieron entrar dentro del plazo 'in extremis' debido, por un lado, a la complejidad para sacar adelante los procesos y, por otro, al «atasco» en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El Ayuntamiento de Mogán fue el último en ver reflejada su OEP en un boletín extraordinario el pasado 31 de mayo.

Quedan las bases

El reto está ahora en acordar las bases de las convocatorias, que deberán publicarse antes del 31 de diciembre. En este sentido, las negociaciones avanzan a buen ritmo, han apuntado tanto desde el Ejecutivo regional como los sindicatos, con la excepción de Intersindical Canaria.

Junto con Cobas, mantienen activa la huelga en contra de los procesos de estabilización por no dar garantías a todo el personal en fraude de ley, tal y como acordaron en el pacto de abril de 2021. Por este motivo el comité, que ha dado por rotas las relaciones con el Gobierno, ha trasladado su lucha a la vía de la Justicia.

Por su parte, la Mesa de Negociación se reúne este mes con una visión «más ordenada» y con el objetivo de cerrar el grueso del acuerdo antes de agosto; un mes inhábil en la administración.

Entre los principales puntos de conflicto está el peso que ocupará la antigüedad y la experiencia sobre la formación en los criterios de baremación de méritos.