Canarias pagará 5,8 millones de la multa de la UE por depuración

26/07/2018

El Gobierno regional, el Cabildo de Tenerife y los dos ayuntamientos incumplidores tendrán que abonar su cuota correspondiente a los 12 millones de sanción y a los 11 millones semestrales

Canarias7/Las Palmas de Gran canaria

Las administraciones canarias tendrán que pagar como mínimo de 5,8 millones de euros por el retraso en las obras de depuración en las localidades tinerfeñas de Güimar y Valle Guerra. De los 12 millones que el Tribunal europeo ha impuesto a España de multa, el archipiélago deberá abonar 2,4 millones por incumplir la normativa comunitaria en cada zona, más otra cantidad por cada semestre en que Güimar siga sin tener su depuradora, algo que ocurrirá como pronto a finales de 2019.

Esos son los cálculos realizados por el Gobierno regional en cuanto a la parte proporcional que corresponde a Canarias de la sanción impuesta a España por saltarse la directiva europea de depuración. La multa deberán pagarla todas las administraciones implicadas, aunque será el Cabildo de Tenerife y el consejo insular de aguas quienes carguen con el grueso por ser tener la competencia en el área.

El Ejecutivo canario prevé sin embargo que la multa se quede en lo mínimo posible. Así, por los defectos de depuración del agua en Valle Guerra sólo calcula el pago de 2,4 millones de euros, ya que las obras para solucionar el problema concluyeron en 2017. En el caso de Güímar, también se pagará esa cantidad pero habrá que esperar a finales de 2019 para que el Cabildo de Tenerife pueda abrir las instalaciones que ya se están construyendo. Si así fuera, sólo se pagarían los 2,4 millones inevitables más el millón euros por la sanción coercitiva impuesta por Luxemburgo por cada seis meses que siga incumpliéndose.

Sentencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó este miércoles a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento a partir de ahora.

El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.