El Gobierno se plantea invertir el 2% del PIB en acciones que combatan el cambio climático

No obstante, a renglón seguido, se indica que un órgano de nueva creación contemplado en la ley, la comisión interdepartamental de acción climática, será el encargado de concretar «anualmente el porcentaje de presupuesto que cada uno de los departamentos y entes del sector público deberán destinar a la acción climática, para la consecución de los objetivos de esta ley».

En esta versión, se precisa que esos programas presupuestarios deberán venir avalados por el «conocimiento científico y técnico disponible en la materia», y tendrán que incluir una «valoración económica, social y ambiental de los riesgos y de las medidas propuestas con criterios de coste-efectividad».

Al igual que ocurre con otras leyes en vigor, la de los presupuestos tendrá que llevar aparejada la del cambio climático. Ello obliga a que los distintos departamentos indiquen el impacto climático de sus respectivos programas.

En cuanto a la estructura que se encargará de desarrollar la norma proyectada, se propone la creación de una «comisión interdepartamental de acción climática» con el fin de «coordinar y colaborar entre los diferentes departamentos del Gobierno en la aplicación y seguimiento de lo dispuesto en la presente ley». Las competencias del Ejecutivo autonómico se concretan en «planificar» las políticas de acción climática, establecer los objetivos, así como su «periódica actualización», «crear y mantener actualizado» un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero y auditarlo.

El segundo órgano, dependiente también del Gobierno es la agencia canaria de acción climática que se proyecta para el «fomento de las acciones de mitigación, adaptación, gobernanza y comunicación reguladas en esta ley». Tanto su organización como el funcionamiento se encomienda a un reglamento futuro.

La agencia está llamada a elaborar la «estrategia canaria de acción climática» de la que arrancarán los «planes de acción climática y transición energética» que deberán elaborar las corporaciones locales.

Asimismo, asumirá el otorgamiento de las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero a las actividades sujetas a la normativa sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, incluyendo la potestad sancionadora».

Igualmente, se crea el llamado «registro canario de la huella de carbono» al que «cualquier persona física o jurídica puede inscribirse voluntariamente». Las administraciones locales -se añade- deberán incluir el registro de emisiones recogido dentro de los planes de acción para el clima y la energía sostenible».

Se contempla un segundo registro éste de «sumideros naturales de carbono» cuya inscripción para personas físicas y jurídicas también es voluntaria.