Imagen de archivo del Parlamento. / C7

El Gobierno obliga a la Cámara a reabrir antes y al Consultivo trabajar en agosto

El Ejecutivo necesita la convalidación para que el IGIC sanitario siga a cero y dar liquidez a los ayuntamientos a través del fondo de financiación

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento sigue acumulando acontecimientos inéditos en su propia historia con la previsión de llevar a cabo un pleno en el mes de agosto. Ni la crisis de 2008 ofreció motivos suficientes para que la institución retomara la actividad en un mes en el que siempre los diputados se han cogido las vacaciones.

En una situación similar se encuentra el Consejo Consultivo que también ha quedado obligado a permanecer activo en agosto.

La razón en ambos casos estriba en los dos últimos decretos ley que aprobó el Consejo de Gobierno reunido el 30 de julio. Uno de ellos tiene que ver con la modificación del Fondo Canario de Financiación Municipal y el otro, con el impuesto general indirecto (IGIC) aplicado a determinados productos que se precisan para prevenir la covid-19.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

  • Financiación El Gobierno aprobó establecer un régimen excepcional en el Fondo Canario de Financiación Municipal

  • Fiscalidad Se prorroga la exención del IGIC sobre los bienes sanitarios necesarios para luchar contra el coronavirus

  • Participación El decreto ley relacionado con el fondo de financiación incluye una modificación en materia de participación ciudadana

Bienes contra la covid-19

De esta forma, los diputados están convocados para reunirse en un pleno posiblemente el día 19 de este mes, y los miembros del Consejo Consultivo a aprobar antes de esa fecha los dictámenes correspondientes a sendos decretos ley.

Por una parte, se trata de que el Parlamento convalide el mantenimiento del IGIC al tipo cero sobre los «bienes necesarios para combatir los efectos de la covid-19». El propio Ejecutivo explica en su texto legal que este tipo de productos han estado exentos desde que, a través de otro decreto ley, lo aprobara en abril. Sin embargo, sus efectos decayeron el 31 de julio. De ahí la necesidad de mantenerlo por lo menos hasta el 31 de octubre de este año.

El coste fiscal de poner el IGIC a cero en productos sanitarios hasta octubre está por encima de los siete millones de euros

«Seguimos ante una situación imprevisible -sostiene el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres- en la que, lejos de desaparecer, surgen diariamente nuevos focos de contagiados; lo que nos obliga a continuar con alertas y cumpliendo las mismas medidas de prevención instauradas desde hace meses».

La memoria económica que acompaña el decreto ley pendiente de ser convalidado cifra en 7.625.000 euros el coste de tal medida. No obstante, el Gobierno asegura que habrá un «menor gasto público» dado que la propia Administración autonómica pagará menos por IGIC al adquirir material sanitario; «las importaciones pasarán de tributar al tipo reducido del 3% y del general del 7%, al tipo cero».

Libre disposición

En cuanto al fondo del que se nutren los ayuntamientos, el Parlamento deberá votar la liberación de dicha fuente de financiación, tal y como aprobó el Gobierno y acordó previamente con la Federación Canaria de Municipios.

Este decreto ley les exime de dedicar el 50% del fondo solo a inversiones de tal modo que podrán disponer del mismo para gastos ocasionados o relacionados con la crisis económica y social -seguridad y movilidad ciudadana, bienestar comunitario, servicios sociales, promoción social, fomento del empleo, cultura, sanidad y educación-. Igualmente, ingresarán el 70% del fondo -103 millones- de forma anticipada.

Los decretos ley permiten al Gobierno actuar con urgencia

Con los dos últimos decretos ley que ha sacado adelante el Gobierno justo antes de cogerse un respiro, son ya 14 los textos legales que han tenido que ser convalidados por el Parlamento -los dos aprobados el 30 de julio están aún pendientes de ser votados-. Solo el grupo Mixto ha puesto en cuestión el uso que ha hecho el Ejecutivo de esta herramienta, prevista para situaciones imprevistas o que exijan urgencia. La declaración del estado de alerta, el parón de la economía y la crisis económica que se ha creado por la covid-19 son las razones que justifican esta forma de proceder.