Imagen del encuentro celebrado ayer entre el vicepresidente, Román Rodríguez, y los partidos políticos. / C7

El Gobierno afirma que el REF «no se mezcla» con la financiación autonómica

Román Rodríguez se reunió con los partidos presentes en la Cámara para consensuar una posición sobre la financiación autonómicaB.

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró ayer «de manera categórica» a los partidos con representación en el Parlamento que «los asuntos fiscales del REF no se mezclan con la financiación autonómica». El Régimen Económico y Fiscal, indicó, «es para otra cosa» y el archipiélago ha conseguido que el Estatuto y el propio REF recojan que estos recursos son adicioanles a la financaición autonómica.

En un encuentro con las distintas fuerzas políticas para apromover una posición común ante el debate abierto para modificar el sistema de financiación autonómica, Rodríguez calificó este asunto como «esencial, determinante y estratégico, ahora y en el futuro, gobierne quien gobierne en Madrid o en Canarias, porque de ahí salen los recursos que premiten el autogobierno».

El vicepresidente estuvo acompañado de la jefa de área de Financiación Autonómica, Lucrecia Apolinario, y el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Arturo Melián, que trabajan con la Consejería de Economía en el documento con el que Canarias defenderá su posición en este debate y que pasa por el desanclaje del REF del sistema de financiación autonómica, que la variable de la insularidad no pierda peso e incluir el baremo de la pobreza.

Román Rodríguez explicó que el último documento técnico enviado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas hace referencia a la población ajustada, que es un elemento fundamental, señaló. En este aspecto, insistió en que la insularidad -«que nos define»- es un elmento de ponderación que se debe mantener, aunque el Gobierno de Canarias «peleará para mejorarlo». En cuanto a la pobreza, señaló que los niveles de renta son importantes de cara a los servicios esenciales -sanidad, educación o políticas sociales- y deben ser tenidos en cuenta. Explicó que en los territrios con alto nivel de renta es más barato prestar los servicios esenciales «y más costoso en los lugares donde hay más desigualdad, desempleo o pobreza».

El vicepresidente manifestó la necesidad de mantener una posición de consenso a este respecto para que cuando se resuelva, Canarias esté bien posicionada y que «el estatus que hemos ido construyendo en la Constitución Europea, Española y el Estauto, preserve nuestras singularidades». En cualquier caso, recordó que el actual sistema venció en 2014 y no se ha podido llegar a un acuerdo para reeditarlo. A su juicio, «no será fácil alcanzar un consenso en las Cortes en una etapa tan convulsa sobre un asunto tan delicado y complejo» pero resulta «vital», dijo.

El Grupo de Coalición Canaria también reconoció en el encuentro con el vicepresidente que ahora no se dan las mejores condiciones para reformar el sistema de financaición y que Canarias, debido a sus especificidades, no podría ni siquiera buscar alianzas con otras comunidades autónomas. El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, insistió en una propuesta planteada en un pleno reciente de la Cámara y reclamó que se analice jurídicamente la viabilidad de una negociación bilateral entre Canarias y el Estado basada en la dificultad de encontrar elementos comunes con otros terriotrios.

Por su parte, el representante del Partido Popular, Fernando Enseñat, se mostró de acuerdo con los aspectos planteados por el Gobierno, pero indicó que, teniendo en cuenta los antecedentes que se están plantenado en esta negociación, el Gobierno de España «perjudica a Canarias». Igualmente, se mostró «preocupado» ante la posibilidad de que el Gobierno autonómico, «que ya ha mostrado su debilidad en diferenets cuestiones en las que ha debido enfrentarse a Madrid, tales como la inmigración o la defensa del fuero canario», no sea capaz de defender los intereses de la comunidad autónoma frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez «o no haga valer que el REF no forme parte de la fianciación y que el nuevo sistema perjudique al Archipiélago«.