La próxima semana, casi en la mitad del mandato, se celebra el Debate del estado de la nacionalidad. / ArcAdio Suárez

La gestión de la pandemia y las crisis económica centran el primer gran debate

A mitad de la legislatura, Torres afronta su primer análisis del estado de la nacionalidad con grandes restricciones en el Parlamento regional por la pandemia

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria.

El primer Gobierno socialista después de 26 años con Coalición Canaria en la Presidencia tomó posesión en julio de 2019 con todos los factores de cara. Tras una intensa negociación para conformar el Pacto de las Flores -PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y ASG-, los primeros siete meses no dieron tregua al nuevo Ejecutivo: incendios en Gran Canaria, calima en el archipiélago, «cero energético» en Tenerife, la quiebra de Thomas Cook... Pero lo peor estaba por llegar. Durante el último año, todos los parámetros que podían empeorar lo han hecho. La pandemia del coronavirus ha tenido dramáticas consecuencias con el desempleo tocando techo; las colas del hambre volviendo a las puertas de las ONG; el turismo sin encontrar vías de recuperación y la crisis sanitaria que ve cómo continúan empeorando sus cifras en lo que va de 2021. Y todo ello con la reactivación de la ruta atlántica de la migración, que sigue sin encontrar solución y se le da largas e la peor manera.

Todos estos asuntos y la respuesta que han recibido por parte del Gobierno autonómico estarán presentes en el Debate del estado de la nacionalidad que se desarrollará durante tres días la próxima semana, casi en mitad de la legislatura. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hará balance de la gestión de sus primeros dos años al frente del Ejecutivo, ya que el año pasado se tuvo que suspender esta sesión por la crisis sanitaria. En esta ocasión se celebrará con medidas especiales, tal como decidió la Mesa de la Cámara el viernes en una reunión de urgencia. Así, solo estarán de manera presencial los portavoces, presidentes de los grupos parlamentarios y diputados que deban intervenir en este pleno. También, por primera vez, Coalición Canaria abordará el debate desde la bancada de la oposición.

  • ERTE

En este último año, el programa del pacto y los presupuestos autonómicos han quedado a merced de la pandemia. Dar respuesta no solo a la crisis sanitaria sino a las consecuencias económicas y sociales que ha generado está centrando la tarea del Gabinete, aunque en muchas ocasiones ha sido como ir dándose de bruces contra una pared. Ha sido el caso de la titular de Turismo, Yaiza Castilla. Con un «cero turístico» por primera vez en la historia de Canarias, la consejera fue explorando medidas y propuestas con la consigna de «no dar nada por perdido», pero cada iniciativa encontró una nueva dificultad y a día de hoy, las expectativas para reabrir el sector se sitúan en la segunda parte del verano. A pesar de la situación, Madrid no ha dotado a Canarias de un plan específico para el turismo, aunque se podrán beneficiar de los 1.000 millones de ayudas anunciadas recientemente por Madrid.

Mantener el covid a raya ha sido el eje del Gobierno, junto con el objetivo de paliar los daños de empresas y familias. Con este fin, el gran empeño de Torres fue la firma del Pacto por la recuperación, para poner en marcha un ambicioso proyecto con casi 6.000 millones hasta 2023. Ayudas a pymes y autónomos -que se han puesto en marcha este año y aún no se han empezado a cobrar-; el ingreso mínimo de emergencia (ICE), que no alcanzó las expectativas ni en cuantía ni en número de beneficiarios; o subvenciones al alquiler -convocadas hace casi un año y de las que sólo se ha abonado una tercera parte- son algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno.

La oposición -Coalición Canaria (PP), Partido Popular (PP) y Ciudadanos- coinciden en su análisis: Torres utiliza la pandemia para esconder su «mala gestión», sobre todo en dar respuestas a los más vulnerables. En este sentido, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, apunta que, «de forma rigurosa», en el debate harán referencia a las «incompetencias» del Gobierno. Sus dardos irán dirigidos sobre todo a Transición Ecológica «por los bluff de anuncios que no se acaban de concretar»; Economía, «que se sostiene porque ha contado con dos viceconsejerías bien ocupadas, pero sin dirección política»; y Derechos Sociales, a su juicio, el «talón de Aquiles de este Gobierno».

En línea similar se manifiesta Australia Navarro, líder del Grupo Popular, al indicar que Torres cuenta con los mayores recursos de la historia de la comunidad «pero no los ha gestionado de manera correcta». Además, acusa al presidente de «arrogante al que le sobra autocomplacencia y le falta autocrítica». Reconoce que la pandemia lo ha absorbido todo «pero no puede ser la excusa para su nefasta gestión». Su escudo social, dice Navarro, «no llega ni al 20% de la población».

También hablará de los «fallos» de este escudo social la portavoz de Cs, Vidina Espino. A su juicio, han quedado sin protección muchas familias, empresas y autónomos. «Las ayudas no han sido suficientes y han tardado mucho». Igual que Navarro, critica que el Gobierno hable del «milagro canario» para referirse al covid «cuando los datos siguen subiendo y se ha bajado la guardia».

Problemas en las filas socialistas

Frente a las dudas que planteaba la cohesión del Pacto de las Flores, los socios -PSOE, NC, POdemos y ASG- han reiterado la solidez de esta alianza y las crisis en estos dos años de Gobierno han llegado de las filas socialistas.

Desde antes de la pandemia, las consejeras de Sanidad y Educación, Teresa Cruz y María José Guerra, ambas de la cuota del PSOE, ya estaban cuestionadas. A principios de 2020, Pedro Sánchez llamó a la actual ministra de Sanidad -entonces consejera de Empleo-, Carolina Darias, para ofrecerle la cartera de Política Territorial y Función Pública. Torres tuvo la oportunidad de hacer una remodelación amplia del Gabinete pero optó solo por sustituir a Darias por Elena Máñez. Pero Cruz y Guerra cayeron en plena crisis sanitaria con apenas dos meses de diferencia. La primera por diferencias en la gestión de la pandemia y la segunda tras un conflicto en la Consejería de Educación.

Sin embargo, el nombre más polémico ha sido la anunciada -y aún no formalizada- designación del viceconsejero de Economía, Blas Acosta, para solventar un problema interno del PSOE y al que Podemos ha expresado su «absoluto rechazo».

Esta ha sido la única crítica abierta entre socios. En cambio, sí han expresado su descontento con el Estado. Tanto NC y ASG han reiterado su malestar con las respuestas de Madrid a la situación económica de Canarias y sobre todo a la inmigración, asunto en el que Podemos en Canarias elevó el tono hasta el punto de pedir la dimisión de Marlaska. Fueron desautorizados por la dirección nacional.