La Fiscalía exige una ley para regular unos centros de migrantes «inadecuados»
El Ministerio Fiscal denuncia que hay una falta «total y absoluta de regulación legal» en los centros de atención temporal de extranjeros
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias alerta de la «grave» situación en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicados en las islas, donde, denuncia, hay una «falta total y absoluta de regulación legal o reglamentaria», por lo que exige una ordenación «a través de ley o reglamento» de los mismos, ya que actualmente se encuentran «totalmente huérfanos» de la misma. Además, indica que son lugares donde las personas «se encuentran privadas de libertad» y la organización depende del comisario de Policía correspondiente». Así lo refleja la memoria 2025 de la Fiscalía con datos de 2024, a la que ha tenido acceso este periódico.
El año pasado se visitaron los CATE del archipiélago (Barranco Seco en Gran Canaria; Lanzarote; Fuerteventura; San Andrés en El Hierro y Las Américas en Tenerife) y se determinó que las infraestructuras de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife «no son lugares adecuados». Además, a pesar del drama migratorio que vive el archipiélago y de las llegadas de migrantes que se registraron en 2024 – 46.843 personas–, los recursos «siguen manteniendo un carácter provisional».
En el caso del CATE de El Hierro, no solo sufre por ser una instalación provisional con tiendas de campaña, sino también «por el paso y las inclemencias del tiempo y el constante trasiego de personas». La Fiscalía establece como «instalación modélica» el CATE de Barranco Seco, en Gran Canaria.
Con respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024 fueron internados 78 extranjeros, todos hombres. Como detalla la memoria, el desglose por país de origen sería Marruecos (31); Pakistán (19); República de Guinea (14); Albania (2); Bangladesh (2); Georgia (2); Venezuela (2); Brasil (1); Colombia (1); Ecuador (1); Gambia (1); Mauritania (1) y Senegal (1).
Después de las correspondiente inspecciones, la Fiscalía determinó que el CIE de Las Palmas tiene una configuración arquitectónica «no adecuada», pero «no tiene deficiencias» en su funcionamiento.
En base a los delitos contra los derechos de lo ciudadanos extranjeros, en referencia al artículo 318 bis del Código Penal –que penaliza a quien promueva o facilite la inmigración ilegal de personas– se han abierto varias investigaciones para encontrar a los posibles integrantes de organizaciones. Durante el 2024, en la provincia de Las Palmas se han incoado 30 causas, con un total de 31 calificaciones, y se han dictado 37 sentencias, todas condenatorias excepto una. La Fiscalía, como hizo en la Memoria de 2023, remarca la necesidad de modificar el artículo para «penar adecuadamente la conducta de quienes se hayan beneficiado de la inmigración irregular como modo de actividad profesional».
Menores migrantes
Debido al aumento en las llegadas de menores migrantes no acompañados a las islas, en diciembre de 2024 se creó en la Fiscalía de Las Palmas el Servicio de Protección de Menores No Comunitarios, integrado en la Sección de Menores. Se encarga de la determinación de la edad, tutela y las visitas de inspección a los centros en los que se acoge a estos chicos, y en Tenerife se creó un servicio similar. En 2024, el número de expedientes de determinación de la edad han disminuido un 25% respecto al año anterior por el descenso de la llegada de personas a la provincia de Las Palmas y el adecuado «cribado» que se realiza cuando llegan a las costas de las islas.
Además, el Ministerio Fiscal detectó en su Memoria de 2023 se señalaba la dificultad para valorar los pasaportes de Gambia. Aparecían en los centros de migrantes adultos, y algunos los usaban para hacerse pasar por menores y originarios de este país, cuando previamente habían manifestado ser de Senegal. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2024 estos documentos han dejado de aparecer en los recursos para mayores de edad.
Trata de seres humanos: 12 causas por explotación laboral, sexual y doméstica
La Memoria 2025 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias recoge que en el año 2024 se incoaron cuatro procedimientos por hechos que pudiera ser constitutivos de trata de seres humanos en la provincia de Las Palmas. Además, se abrieron diligencias preprocesales por un presunto delito de trata con fines de explotación laboral el año pasado.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incoaron siete diligencias procesales y se reabrió otra. Todas estaban relacionados con fines de explotación sexual, y uno con fines de explotación doméstica.
La Fiscalía subraya las dificultades a la hora de detectar a víctimas de trata de seres humanos en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), lo que califican como una labor «imposible» ya que la detección se debe realizar a través de una observación e interactuación de personal cualificado en el tiempo, que en los CATES no existe.
Por todo esto, desde la Fiscalía se solicita la aprobación de una ley integral que aborde el fenómeno de la trata desde todas sus perspectivas, y no solo penal o procesalmente, con el objetivo de adecuar el ordenamiento jurídico a los informes elaborados por el Grupo de Expertos sobre la Acción contra la Trata.
Además, pone de manifiesto la dificultad de realizar una investigación patrimonial y financiera de forma conjunta al delito de trata de seres humanos. Todo ello, debido a que la investigación de un delito como la trata necesita «una dedicación plena imposible de llevar a cabo en estos momentos por los Fiscales dedicados a la materia». Además, en las redes africanas «esta investigación es prácticamente imposible» por sus características específicas.
