Los casos por agresiones sexuales pasaron de 1.165 a 1.579 en las islas
En general, en el archipiélago se incoaron en el año 2024 un total de 2.486 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual
La Memoria 2025 de la Fiscalía de Canarias confirma que los delitos contra la libertad sexual continúan creciendo en el Archipiélago. En el conjunto de las islas se incoaron en el año 2024 un total de 2.486 diligencias previas, frente a las 2.208 del año anterior, lo que representa un incremento del 12,59%. A ellas se sumaron 179 diligencias urgentes, de modo que la cifra total de procedimientos abiertos por esta tipología alcanzó 2.665 expedientes penales.
La provincia de Las Palmas fue la que registró -nuevamente- el mayor repunte. En 2024 se incoaron 1.678 diligencias previas, un aumento del 15,40% respecto a las 1.454 de 2023. Además, se abrieron 138 diligencias urgentes, lo que eleva a más de 1.800 los procedimientos. En este territorio, las agresiones sexuales pasaron de 680 a 1.035 casos, lo que supone una subida de más del 52% en un solo año. En las islas, los casos ascendieron de 1.165 a 1.579 en las islas.
Otros delitos también mostraron incrementos relevantes: la pornografía infantil pasó de 3 a 20 diligencias previas y la producción o distribución de material pornográfico de 21 a 50. Por el contrario, los abusos sexuales descendieron de 312 a 159, al igual que el exhibicionismo que pasó de 20 a 16. La Fiscalía canaria destaca que en la provincia de Las Palmas se formularon 170 escritos de acusación en esta materia, frente a los 148 del año anterior, lo que representa un crecimiento del 14,86%.
En Santa Cruz de Tenerife la tendencia fue más moderada: se incoaron 808 diligencias previas, un 7,16% más que en 2023, y se abrieron 59 diligencias urgentes. Allí, las agresiones sexuales pasaron de 485 a 544, los abusos de 90 a 55 y los casos de pornografía infantil de cero a 20. En total se presentaron 121 escritos de acusación por delitos contra la libertad sexual.
Más aún
El Ministerio Fiscal subraya que la tendencia al alza en los procedimientos por agresión sexual se observa en ambas provincias, pero con un crecimiento especialmente llamativo en Las Palmas. El documento oficial de este organismo señala también que muchos de estos casos afectan a menores de edad, lo que ha reforzado la importancia del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, en funcionamiento desde 2021 con el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez al frente del mismo.
En paralelo, la violencia de género y doméstica sigue siendo uno de los ámbitos con mayor volumen de trabajo para la Fiscalía. En toda Canarias se incoaron en 2024 más de 5.500 diligencias previas en esta materia, a las que se sumaron centenares de diligencias urgentes, lo que mantiene esta violencia como una de las principales fuentes de litigiosidad penal.
Solo en la provincia de Las Palmas, los procedimientos penales relacionados con lesiones y violencia doméstica sumaron 42.490 diligencias previas y 3.761 urgentes, lo que supone un total de más de 47.000 expedientes en un solo año.
La Memoria 2025 añade que, además del incremento en cifras absolutas, se observa una mayor complejidad en los procedimientos de violencia de género, cada vez más vinculados al uso de nuevas tecnologías como vía para el acoso, las amenazas o el quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
La Fiscalía concluye que la lucha contra los delitos contra la libertad sexual y la violencia en el ámbito familiar continúa siendo prioritaria y que las cifras de 2024 refuerzan la necesidad de recursos especializados para atender a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores.
Desconocimiento del consentimiento sexual en menores de 16 años
La Fiscalía dedica un apartado a los delitos contra la libertad sexual que afectan a menores de 16 años y advierte de un fenómeno que considera de gravedad: el aumento de relaciones sexuales entre adolescentes y adultos en las que no hay violencia ni intimidación, pero que constituyen delito al situarse por debajo del límite legal de consentimiento fijado en el Código Penal.
Observa que las menores, en muchos casos de 15 años, aceptan los contactos sexuales con mayores sin ser conscientes de que la ley establece los 16 como edad mínima para prestar consentimiento. Esa falta de conocimiento no solo afecta a las adolescentes, sino que se extiende al ámbito familiar, escolar y social, donde no siempre se percibe la trascendencia legal de estas conductas.
La Fiscalía apunta a que esta situación evidencia una carencia de información adecuada en entornos como las familias, centros educativos, pasando por los medios y las campañas institucionales. Esa falta de pedagogía provoca que muchas de estas situaciones no salgan a la luz por iniciativa de la menor, sino porque alguien de su entorno detecta la relación.
De hecho, en la mayoría de los casos la denuncia no procede de la menor afectada, sino de terceros: familiares, profesores, cuidadores u otras personas cercanas que activan la alerta. En muchas ocasiones son las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional las que remiten el atestado a los juzgados.
Los fiscales destacan que muchas de las menores viven en entornos vulnerables, ya sea en centros tutelados o en familias desestructuradas, con progenitores ausentes y vínculos de apego inseguros. Sin embargo, también aparecen situaciones en las que la adolescente forma parte de un núcleo familiar que, en apariencia, ofrece cuidado y estabilidad. En estos supuestos, son los padres quienes, al advertir un detalle inusual, recibir información de un tercero o descubrir rastros en redes y aplicaciones digitales, acaban denunciando la relación de su hija con una persona mayor. Estas conductas revelan un desconocimiento social sobre los límites legales del consentimiento sexual en menores de 16 años.
