Estatuto 2.0: más derechos sociales y autogobierno
La reforma que este miércoles aprueba el Senado otorga a Canarias una norma básica de segunda generación que eleva el techo competencial de la Comunidad, fomenta la igualdad y proporciona mayor protección a los sectores desfavorecidos de la ciudadanía.
Loreto Gutiérrez y Madrid
Jueves, 25 de octubre 2018, 11:30
La reforma estatutaria que hoy va a obtener la luz verde definitiva en el pleno del Senado va a dotar a Canarias, una vez que entre en vigor con su publicación en el BOE, de una norma suprema de segunda generación, un Estatuto de Autonomía 2.0 adaptado a la realidad socio-política de las islas del siglo XXI, que sustituirá al que rige desde 1982.
La nueva carta magna canaria eleva el autogobierno de la Comunidad Autónoma con un importante paquete de nuevas competencias dentro del marco constitucional, reconoce la identidad política propia del Archipiélago -aparejada a la historia, la cultura, el habla y las costumbres de sus habitantes- y consolida y aumenta los derechos sociales y libertades públicas de la ciudadanía isleña.
Entre las principales modificaciones, el nuevo Estatuto reforma el sistema electoral para hacerlo más proporcional, recoge el anclaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) y su desvinculación del sistema general de financiación autonómica, y convierte a Canarias en la primera autonomía que suprime el privilegio judicial del aforamiento a los diputados regionales.
En el ámbito competencial, el texto que va a ser refrendado hoy en la Cámara Alta otorga a Canarias capacidad de decisión en costas y aeropuertos, cumpliendo así una antigua reivindicación autonómica, reconoce por primera vez como aguas canarias aquellas integradas dentro del contorno del Archipiélago y se abre a la futura participación de la Comunidad Autónoma en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas. Hasta ahora se consideraba como territorio de la Comunidad Autónoma solo a las islas e islotes, pero no el mar circundante. En esto también es pionero el Estatuto canario porque ninguna otra autonomía costera, ni siquiera Baleares que es también insular, tiene explícitamente reconocido su mar.
Otro de los puntos destacados en materia competencial está en el artículo 54, que otorga al presidente del Gobierno de Canarias la capacidad de disolver el Parlamento autónomo y convocar elecciones anticipadas, así como la de impulsar decretos ley en caso de urgente necesidad. La nueva norma aumenta también las competencias en sanidad exterior, control fitosanitario, tráfico aéreo interinsular y telecomunicaciones, además de elevar la capacidad de decisión en materia de actividades económicas, industriales y turísticas, educación, políticas sociales, seguridad y ordenación de los recursos naturales.
En el plano de los derechos sociales, el nuevo Estatuto de Canarias incorpora buena parte de las demandas de los movimientos ciudadanos surgidos en los últimos años -incluidas mayoritariamente durante el trámite en el Congreso de la propuesta del Parlamento regional-, especialmente en lo que respecta a políticas de igualdad, protección a la familia «en sus diferentes modalidades», orientación sexual e identidad de género y lucha contra la exclusión social y la pobreza.
Se reconoce entre otros el derecho a una renta de ciudadanía, se garantiza el derecho de las personas en situación de dependencia al fomento de su desarrollo personal y social y se incorpora el uso de la lengua de signos para personas sordas en los trámites administrativos. Otra novedad significativa respecto al texto vigente es que incorpora el derecho de los animales como «seres que sienten» a que las administraciones públicas velen por su salvaguarda.
La reforma estatutaria que verá la luz verde definitiva este miércoles en el pleno del Senado va a dotar a Canarias, una vez que entre en vigor con su publicación en el BOE, de una norma suprema de segunda generación, un Estatuto de Autonomía 2.0 adaptado a la realidad socio-política de las islas del siglo XXI, que sustituirá al que rige desde 1982.
La nueva carta magna canaria eleva el autogobierno de la Comunidad Autónoma con un importante paquete de nuevas competencias dentro del marco constitucional, reconoce la identidad política propia del Archipiélago -aparejada a la historia, la cultura, el habla y las costumbres de sus habitantes- y consolida y aumenta los derechos sociales y libertades públicas de la ciudadanía isleña.
Entre las principales modificaciones, el nuevo Estatuto reforma el sistema electoral para hacerlo más proporcional, recoge el anclaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) y su desvinculación del sistema general de financiación autonómica, y convierte a Canarias en la primera autonomía que suprime el privilegio judicial del aforamiento a los diputados regionales.
En el ámbito competencial, el texto que va a ser refrendado hoy en la Cámara Alta otorga a Canarias capacidad de decisión en costas y aeropuertos, cumpliendo así una antigua reivindicación autonómica, reconoce por primera vez como aguas canarias aquellas integradas dentro del contorno del Archipiélago y se abre a la futura participación de la Comunidad Autónoma en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas. Hasta ahora se consideraba como territorio de la Comunidad Autónoma solo a las islas e islotes, pero no el mar circundante. En esto también es pionero el Estatuto canario porque ninguna otra autonomía costera, ni siquiera Baleares que es también insular, tiene explícitamente reconocido su mar.
Elecciones anticipadas
Otro de los puntos destacados en materia competencial está en el artículo 54, que otorga al presidente del Gobierno de Canarias la capacidad de disolver el Parlamento autónomo y convocar elecciones anticipadas, así como la de impulsar decretos ley en caso de urgente necesidad. La nueva norma aumenta también las competencias en sanidad exterior, control fitosanitario, tráfico aéreo interinsular y telecomunicaciones, además de elevar la capacidad de decisión en materia de actividades económicas, industriales y turísticas, educación, políticas sociales, seguridad y ordenación de los recursos naturales.
En el plano de los derechos sociales, el nuevo Estatuto de Canarias incorpora buena parte de las demandas de los movimientos ciudadanos surgidos en los últimos años -incluidas mayoritariamente durante el trámite en el Congreso de la propuesta del Parlamento regional-, especialmente en lo que respecta a políticas de igualdad, protección a la familia «en sus diferentes modalidades», orientación sexual e identidad de género y lucha contra la exclusión social y la pobreza.
Se reconoce entre otros el derecho a una renta de ciudadanía, se garantiza el derecho de las personas en situación de dependencia al fomento de su desarrollo personal y social y se incorpora el uso de la lengua de signos para personas sordas en los trámites administrativos. Otra novedad significativa respecto al texto vigente es que incorpora el derecho de los animales como «seres que sienten» a que las administraciones públicas velen por su salvaguarda.
