El Parlamento canario pide paralizar licencias de juego y regular publicidad

La proposición no de ley ha partido de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández y ha recibido el apoyo general del Parlamento, aunque con reticencias por parte de PP y Ciudadanos, que han votado en contra de que se paralicen las licencias y de que se suban los impuestos a las casas de apuestas y juegos.

Todos los grupos han estado a favor de apoyar que se instale en los locales de apuestas un servicio de recepción que impida la entrada de menores y un sistema de bloqueo que en todo caso les permita acceder a los terminales de apuestas.

También han coincidido en pedir a los ayuntamientos que colaboren en la lucha contra la ludopatía, que desarrollen programas de prevención y que prohíban la propaganda en cualquier soporte de propiedad municipal, así como en instar al Gobierno del Estado a que aplique restricciones a la publicidad.

Además, a instancias de CC-PNC, se ha pedido al Estado que intervenga para acotar la "agresiva" publicidad del juego online que desarrollan clubes deportivos, deportistas y famosos.

Con el voto en contra de PP y Ciudadanos, se ha acordado pedir también la paralización de nuevas licencias para locales de juego hasta que haya una nueva normativa, aumentar los impuestos al juego e impulsar la creación de una mesa de expertos para avanzar en la reforma del marco normativo en juego y apuestas.

Luz Reverón, del PP, mostró su acuerdo general con la iniciativa, pero defendió que la restricción de licencias debe realizarse mediante un decreto de desarrollo reglamentario, que es más inmediato y efectivo, y afirmó que la propuesta de subida de impuestos debería incluir en todo caso a qué fin va a ir destinada esa recaudación adicional.

Vidina Espino, de Ciudadanos, coincidió en que para apoyar una subida fiscal debe especificarse que la recaudación de destine a luchar contra la ludopatía y consideró que no es relevante paralizar las licencias cuando las solicitudes han bajado y actualmente solo hay una pendiente.

Carmen Hernández, la diputada de NC que promovió la iniciativa, describió la alarma social por la extensión de la ludopatía entre sectores los jóvenes y sociales vulnerables.

En las salas de juegos y apuestas de Canarias se gastaron 46 millones de euros en 2017 y 73 millones en 2018 y hay 37 locales abiertos, lo que da idea de la proliferación de estos negocios.

Defendió que se prohíban estos locales cerca de centros educativos, más control de acceso a menores y restricciones en la publicidad.