El Gobierno canario plantea prorrogar la paga social

Santana indicó que este asunto ya se ha barajado por parte del Consejo de Gobierno para que, en caso de que la iniciativa del Estado no está materializada en junio, se prolongue el ingreso de emergencia de la comunidad autónoma en los mismos términos que el actual y que siga actuando «de puente» hasta que se apruebe la renta vital, aunque manifestó su confianza en que esté «lista y en marcha en el mes de mayo».

Mientras tanto, la tramitación del ingreso de emergencia ya fue puesto en marcha por la comunidad autónoma y empezó a gestionarse el pasado lunes para las familias monoparentales y monomarentales, así como para las unidades de convivencia con dos o más menores a su cargo.

En este primer plazo, que finaliza hoy lunes 4 de mayo, se ha registrado una media de 2.000 solicitudes presentadas al día -en los cinco primeros días ya eran 6.827 las que se habían registrado-. La vía de solicitud está siendo de forma mayoritaria a través del teléfono de información del Gobierno de Canarias 012 -en el que casi 300 personas se dedican sólo a prestar este servicio, apuntó Santana-, aunque también puede tramitar a través de la página web del Gobierno.

Con estos números, la titular de Derechos Sociales considera que la puesta en marcha del ingreso de emergencia está funcionando «bastante bien» y entiende que se podrán cubrir a las casi 40.000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en los tiempos fijados por el Ejecutivo, que se extenderán hasta el próximo día 27.

Santana apunta que a Canarias «le hubiera gustado una iniciativa más ambiciosa» pero el anuncio del la renta vital estatal hizo que se «repensara porque eran propuestas muy parecidas y lo más efectivo es contar con una coordinación» de todos los niveles institucionales para optimizar los recursos. La decisión de sacar un ingreso puntual se adoptó, dijo la consejera, después de mantener reuniones tanto con los ministros de Inclusión y Derechos Sociales y se estableció tal como está diseñado.

Además del ingreso único de emergencia aprobado ante las dificultades generadas por la crisis social y económica derivada de la pandemia del coronavirus, los esfuerzos de la Consejería de Derechos Sociales se mantienen en elaborar la renta de ciudadanía y profundizar en la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Respecto a esta última medida, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, señaló que en las últimas semanas se han agilizado 2.400 expedientes que ya están «incluidos en el sistema y cobrándose». De esta cantidad de nuevos beneficiarios, unos 1.200 corresponden a los expedientes que estaban pendientes de renovación, mientras que a los restantes 1.300 -ya valorados y con informe favorable- se les agilizaron los trámites pendientes en la Consejería y «también están cobrando».

A estas iniciativas, apuntó la consejera, se suman los 12 millones del plan de lucha contra la pobreza que ya están en manos de las corporaciones locales.