La grave crisis sanitaria dispara la pobreza estructural en Canarias

El presidente regional de Cruz Roja, Antonio Rico, coincide en el diagnóstico. «Canarias tiene uno de los mayores niveles de paro del país, y veníamos de índices de vulnerabilidad muy muy altos. Y esto era cuando recibíamos a 16 millones de turistas. Ahora, con un impacto en el turismo bestial, con tantos ERTE... Había personas con empleos precarios, con trabajo y que eran pobres, con sueldos de 600, 700, 800 euros. Estamos en una situación de partida bastante mala y la sociedad tiene que dar respuesta a esa vulnerabilidad crónica, pero ahora, además, tenemos a otro sector de la población que jamás pensó que esto podría pasarle», afirma.

«El sistema ya estaba desbordado, ya era incapaz de asegurar una vida digna a todas las personas», incide Yéssica Pérez, activista de la Asamblea canaria por el reparto de la riqueza. Recuerda que antes de la crisis del Covid-19 ya el 30% «no podía afrontar los pagos del alquiler», y cree que ingresos «como el cheque» de entrega única que ha aprobado el Gobierno canario como renta de emergencia no es suficiente.

«La situación de Canarias es de las más sangrantes. La pobreza ya estaba ahí y para muchos sectores era invisible. Las ayudas no permiten salir de la pobreza con unos servicios sociales colapsados», afirma la técnica de Servicios Sociales de Telde Fátima Díaz. Ahora, además, está la población en situación de ERTE, pero también todas aquellas personas que sobrevivías trabajando sin contrato, con la venta ambulante «eso es un desbordamiento total y absoluto», lamenta.

Buena parte de esa población que sobrevivía con la economía sumergida se encuentra ahora mucho peor, recuerda también la secretaria general de Cáritas, Caya Suárez. «Ahora vienen personas con realidades que no se daban antes porque tenían pequeñas redes de apoyo, pero débiles. Un hermano que ayudaba de vez en cuando para tirar para adelante, una familia que vivía de la economía sumergida y esquivaban la exclusión como fuera. Pero ahora la pobreza severa se va a elevar porque dejan de existir esas redes, como pasa con las personas que tenían trabajos temporales. Cuando la economía empiece a resurgir no van a incorporar a toda esa población», lamenta.

El problema añadido, apunta el presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, es que diez años después de la crisis de 2008 hubo un «aumento significativo del desarrollo económico, pero no había habido crecimiento en condiciones de situación social y el 36,4% personas en las islas estaban en riesgo de exclusión social». Ahora, añade Lorenzo, «se va a acentuar en dos elementos muy concretos. Por un lado, va a aumentar el número de personas y con nuevas realidades hasta ahora poco conocidas. Y por otro lado, de qué manera se afronta, desde el punto de vista del sostenimiento económico la mejora del sistema de bienestar cuando está fragmentado y poco dotado tanto desde lo público como de lo privado».

Desde distintas visiones coinciden en que hay nuevos colectivos vulnerables, y que buena arte de estas personas, «que no están en el sistema», tampoco saben que recursos hay o cómo gestionar ayudas, señala Antonio Rico. Quien también señala que al mismo tiempo que hay que dar respuestas «urgentes» y básicas, como la ayuda para la alimentación, hay que pensar en el medio plazo.

«El panorama al que nos enfrentamos es el más desolador con el que nos hemos enfrentado, esa es la realidad», señala Juan Carlos Lorenzo. Por eso coinciden también en que hay que buscar nuevas soluciones más allá de lo asistencial.

Fátima Díaz apunta que no solo es la «ayuda», sino el «acompañamiento» y para eso hace falta un trabajo social que los servicios públicos no están pudiendo dar. Koldobi Velasco recuerda que lo estándar es que un trabajador o trabajadora social se encargue del seguimiento de 3.000 personas, «en Canarias son 25.000», critica.

Las peticiones de ayuda entre las mujeres en situación de prostitución han aumentado un 285%, entre las personas sin hogar un 85,2%, «pero no solo aumentan las solicitudes, sino que cambian las realidades», abunda Suárez, por eso hay que encontrar nuevas soluciones. Algo a lo que se opone la «burocracia». Efectivamente, la palabra burocracia es la que impide actuar de forma excepcional en una situación excepcional como la actual. Las normas de la administración impiden «el robo», recuerda Fátima Díaz, pero al mismo tiempo «no permiten que la gente pueda sobrevivir».

Quizás esta doble crisis haga que las cosas cambien por fin.