Imagen de archivo del edificio del Semac. / juan carlos alonso

El edificio del Semac sigue cerrado cinco años después del desalojo

Tras el derrumbe de la fachada en 2017, los trabajadores fueron trasladados al Palacio de Justicia y un espacio propiedad del Gobierno

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El edificio de los servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral ( Semac) y del Instituto Canario de Seguridad Laboral ( Icasel) fue desalojado en 2017 por peligro de derrumbe. Cinco años después, el inmueble sigue cerrado y los trabajadores de ambos servicios -dependientes de la Consejería de Empleo- continúan ubicados «provisionalmente» en el Palacio de Justicia y en un local del Gobierno.

El derrumbe de parte de la fachada del edificio situado en la Vega de San José en marzo de 2017 provocó el cierre del inmueble. Tras verificarse el mal estado del frontis, se procedió a su desalojo y clausura hasta que fueran acometidos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Los trámites administrativos se prolongaron practicamente todo el año. Inicialmente, se planteó que el edificio estaría cerrado «en torno a año y medio». A día de hoy, la plantilla no ha vuelto a su centro de trabajo.

Los empleados del Semac fueron instalados en el Palacio de Justicia donde, según indicaron los sindicatos entonces, la intención era quedarse definitivamente. Sin embargo, el CSIF indicó esta semana que «ya ha habido intentos para que sean trasladados de allí, pero no pueden hacerlo hasta que cuenten con otra sede».

Precarias condiciones

La peor parte se la llevaron los trabajadores de Icasel, que fueron recolocados en aquel momento en tres plantas de Usos Múltiples III. Denunciaron su «precaria» situación porque fueron instalados «en cualquier sitio libre, en pasillos, en zonas de atención al público, con el calor al lado de las ventanas...».

La falta de espacio obligó a que cinco técnicos tuvieran que trabajar «de prestado» en las dependencias de la Inspección Nacional de Trabajo, donde no disponían de laboratorio. Posteriormente fueron trasladados a otro inmueble de la comunidad en León y Castillo.

Fuentes del CSIF señalan que, aunque aparentemente el edificio está acabado, no consta la recepción por la administración. Además, dice, «tememos que la situación se prolongue porque hay que realizar la mudanza y quizá la contratación de mobiliario». Con el verano por medio, aseguran estas fuentes sindicales, «dudamos que sea antes de septiembre».

El coste de las obras

Las obras de rehabilitación del edificio de la calle Alicante, en la Vega de San José, se han convocado en dos fases con una cuantía total de 2,7 millones de euros.

A finales de 2017, la Dirección General de Trabajo contrató la primera fase de las obras de reforma -Adecuación de la Fachada y accesibilidad- por 950.000 euros. Un año más tarde, en septiembre de 2018, en el acto de recepción de la obra, la Intervención General puso reparos por determinadas deficiencias que fueron subsanadas.

Posteriormente, en octubre de 2019, el director general de Trabajo aprobó el expediente de contratación de la segunda fase de la obra del edificio del Semac e Icasel por 1,8 millones, según figura en la página de Transparencia del Gobierno de Canarias.