«Es que no me acordaba que sí había contactado con él». Fue la versión que ofreció Conrado Domínguez, ya exdirector del Servicio Canario de Salud, cuando desde el Gobierno se le preguntó por qué en primera instancia había negado todo contacto directo con Rayco Rubén González, administrador único de RR7.
Lo cierto es que el contacto existió, se inició en 2020, cuando se gestó el contrato por el que Sanidad pagó 4 millones de euros a RR7 por la compra de mascarillas y se mantuvo en el tiempo. Además, Conrado Domínguez facilitó el teléfono de Ana María Pérez, entonces directora del Servicio Canario de Salud, a RR7.
Ella fue quien, según su declaración en sede judicial, dio forma administrativa a las «órdenes» que recibía de Domínguez, que en aquel momento era miembro del comité de emergencia creado por el Gobierno y que en septiembre de 2020 fue nombrado director del Servicio Canario de Salud, cargo en el que ya había estado bajo la presidencia de Fernando Clavijo en el Gobierno.
Conrado Domínguez tuvo que dar explicaciones al Gobierno sobre el caso Mascarillas al menos en tres ocasiones. La primera fue en mayo de este año, cuando este periódico desvela el fallido contrato. Ese día se le recaba información desde la propia Presidencia del Gobierno de Canarias.
Meses después, a medida que avanza la instrucción de la querella tras su admisión a trámite -en julio-, se produce otra reunión en Tenerife. Algunas fuentes sostienen que ya entonces se le planteó la posibilidad de dimitir pero Conrado Domínguez sostuvo que podía dar explicaciones de todo, que su actuación había sido legal y acorde en todo momento a la normativa habilitada para hacer frente a contrataciones de emergencia por la pandemia. El Ejecutivo sostuvo entonces, sin embargo, que no se le pidió la dimisión.
El tercer encuentro se produjo el pasado miércoles en Gran Canaria, con presencia de Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis. La asistencia del consejero de Obras Públicas se explica porque en todo momento ha sido uno de los grandes valedores de Conrado Domínguez en el seno del Gobierno y del Pacto de las Flores. De hecho, Domínguez era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas cuando se incorporó al comité de emergencias por la pandemia.
Fue en ese encuentro, según las fuentes consultadas por este periódico, donde Conrado Domínguez, ante la evidencia de lo que el dueño de RR7 había declarado en sede judicial y de que había aportado mensajes que desmontaban su tesis de que no hubo contacto directo, se escudó en que se había olvidado de que sí hubo relación telefónica con Rayco Rubén González.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y los testimonios ante el juez, RR7 no tenía contacto alguno con Sanidad hasta que, en pleno estallido de la pandemia, aparecen Osvaldo Lastras y Samuel Machín en escena. El primero es amigo de Conrado Domínguez y, a su vez, lo es de Samuel Machín, que es quien conocía a Rayco Rubén González. Así, Osvaldo Lastras pone a Samuel Machín en contacto con Conrado Domínguez y a este con Rayco Rubén González, incluida una llamada telefónica a tres que también negó el que fuera director del Servicio Canario de Salud en su declaración.
El silencio inicial de Rayco Rubén González ante el juez sirvió a Conrado Domínguez para reforzar su versión de que no habían negociado con él. Pero todo cambió cuando el dueño de RR7 acudió la pasada semana al juzgado y decidió declarar. En ese momento, Domínguez no solo se quedó sin 'coartada' sino también en evidencia ante el Gobierno.
El miércoles por la noche salió del encuentro asumiendo que apenas tenía blindaje político, pero así y todo lo intentó con varias llamadas a dirigentes políticos y figuras del mundo empresarial.
El jueves se le comunicó que su destitución iba a ir al Consejo de Gobierno y entonces firmó la carta de dimisión, un cese que fue aceptado de forma unánime por el Consejo de Gobierno.
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