Conrado Domínguez, el pasado jueves, al salir de la Ciudad de la Justicia. / EFE

Domínguez intentó desacreditar a las funcionarias que cuestionaron el contrato y el segundo pago a RR7

En la declaración en sede judicial, el juez frenó en seco la estrategia de defensa tras criticar el director del SCS que no hubiesen denunciado

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

La estrategia de defensa de Conrado Domínguez en el caso Mascarillas no solo pasa por endosar la responsabilidad del contrato y de la 'reactivación' del mismo una vez extinguido a la entonces directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, sino también cuestionar el testimonio de las tres funcionarias con categoría de jefas de servicio que cuestionaron cómo se hizo el contrato inicial, sin garantías de la solvencia de la empresa RR7, y sobre todo que se hiciera el segundo pago de 2 millones de euros cuando ya había fundadas sospechas de que estaban ante una «estafa» a Sanidad.

Así queda acreditado en el visionado de la declaración el jueves de Domínguez ante el juez Francisco Javier García García-Sotoca, instructor de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por ese contrato de 4 millones de euros del Servicio Canario de Salud con RR7 por un millón de mascarillas. El material sanitario no fue entregado en primera instancia y el SCS dio una segunda oportunidad a la empresa, que igualmente fue un fiasco.

DETALLES

  • No habló El querellado Rayco González optó, por estrategia de su abogado, no declarar.

  • Órdenes Ana María Pérez centró su defensa en que ella y su departamento daban forma «administrativa» a órdenes e «intereses» de Conrado Domínguez.

  • Apenas intervino El abogado por la Comunidad Autónoma fue muy escueto en sus intervenciones.

  • Toque de atención El juez intervino en varios momentos de las dos sesiones de declaraciones de los querellados para pedir que estos evitasen las evasivas.

Tras contestar a las preguntas del juez, el fiscal Javier Ródenas y los abogados de las partes (los también querellados Rayco González y Ana María Pérez) y la acción popular, el letrado de Conrado Domínguez inició un interrogatorio a su defendido en el que le preguntó por la opinión de las testigos.

En primer lugar, Domínguez dice que se enteró de esa opinión de las altas funcionarias cuando vio el vídeo de su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, pues ni ellas ni Ana María Pérez se lo comentaron en su momento. Seguidamente el letrado le pregunta si ellas tenían obligación de denunciarlo, como funcionarias que son, si entienden que se estaba incumpliendo la normativa de contratos, a lo que Domínguez contesta: « Sí?».

Prosigue entonces el abogado preguntando al director del SCS si le consta que se haya abierto expediente a las funcionarias, a lo que Domínguez responde: «No». Es entonces cuando el juez García García-Sotoca interviene y, dirigiéndose al letrado, le dice: «No vaya por ahí».

El pasado viernes declararon en el juzgado las tres funcionarias citadas como testigos. Se ratificaron en lo dicho ante la Fiscalía: básicamente que, pese a su dilatada experiencia en materia de contratos, no recordaban un expediente tramitado como el de RR7, sin tomar cautela alguna sobre la empresa y formalizando el cien por cien del pago pactado sin entrega de al menos una parte de la mercancía.

Asimismo, hubo ratificación en lo dicho sobre una reunión con Ana María Pérez en la que le trasladaron sus dudas sobre la conveniencia de hacer el segundo pago de 2 millones de euros a RR7. De hecho, una de ellas llegó a comentar que estaban ante una «empresa fantasma» y que el SCS podría estar siendo víctima de una estafa.

En el interrogatorio, el abogado de Domínguez le pide que haga el inventario de quienes estaban al frente del Servicio Canario de Salud desde marzo de 2020, cuando se constituye el Comité de Gestión ante la emergencia sanitaria por la pandemia, y septiembre de ese año, cuando Domínguez es nombrado director. En su respuesta, este nombra primero a Antonio Olivera y Alberto Pazos, momento en que el letrado le pide que afine la memoria para que finalmente mencione a la tercera persona que faltaba: Blanca Méndez. Esta era directora del SCS en el inicio del estado de alarma.

Domínguez y Pérez están querellados por tráfico de influencias y prevaricación. El dueño de RR7 lo está por estafa agravada y blanqueo de capitales.