Directores de centros de menores defienden su gestión frente a las investigaciones a algunas ONG

Los casos conocidos en los últimos meses y que destapan un mal uso de los fondos destinados a la atención de los menores migrantes, como el de Quórum Social 77 –se investiga por presuntos malos tratos–, Fundación Respuesta Social Siglo XXI –acusada de malversación– o la Asociación Oportunidades de Vida –señalada por haber empleado supuestamente a menores migrantes en fincas de manera ilegal–, hacen tambalear un sistema en el que se reclaman más controles e inspecciones.

Estos tres episodios ensombrecen la atención que ofrecen 14 entidades en Canarias y que han llegado a gestionar hasta 100 centros durante los momentos más difíciles del drama humanitario que viven las islas. Cabe recordar que el archipiélago se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Con todo, varios directores de dispositivos en manos de otras entidades quieren lanzar un mensaje de tranquilidad para asegurar que son mayoría los que cumplen con su labor y dan a los chicos una atención digna.

Es el caso de Adrián Díaz, director del centro Fincaventura, en el barrio de El Palmar, en Teror, que está gestionado por la Fundación Canaria Cepsocial. Aunque es cauto y, para casos como los que ahora se encuentran bajo investigación, recuerda que hay que respetar la presunción de inocencia «y esperar que la justicia haga su trabajo», Díaz subraya que la supuesta mala praxis de los asociaciones que ahora se señalan «son casos aislados, y no es un fenómeno estructural».

Ante esta situación, comenta que un gran colectivo de directores viven esta situación «con frustración, indignación e impotencia», ya que por estas investigaciones no quieren que «se manche al resto de entidades o, en general, la labor del tercer sector».

Para Díaz, esta situación lo único que hace es «generar un ambiente de crispación basado en la desinformación y la manipulación»que pagan los que están «haciendo bien las cosas».

Y los efectos de los discursos de odio se han hecho notar en el recurso de Teror. Hace unos meses, el centro amaneció con pintadas racistas realizadas por un grupo, presuntamente, de ultraderecha, además de «otros acontecimientos inapropiados», según relata Díaz. Todos estos hechos ya están judicializados, pero el responsable del centro lamenta que haya gente que vierta su odio contra estos chicos: «Les invito a que pregunten a los vecinos de Teror por el comportamiento de estos jóvenes. No van a tener malas palabras».

En la actualidad, el centro ubicado en Teror, con capacidad para 60 menores, acoge a 47 chicos. No obstante, en algunos de los momentos más críticos de este drama humanitario han completado todas las plazas. En estos momentos, 44 de los jóvenes que residen en este dispositivo están escolarizados. La mayoría acude a institutos de la isla, mientras que otros están realizando cursos para trabajar, por ejemplo, en la hostelería.

A su vez, el responsable del recurso quiere subrayar el trabajo que se realiza desde la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, y reseña la labor de sus técnicos: «Están trabajando con delicadeza, con mayor o menor acierto, pero hay que reconocer que el contexto no es fácil».

En este punto, Díaz pone en valor el acompañamiento que se realiza a los chicos que cumplen la mayoría de edad y que, en la mayoría de los casos, se ven abocados a la calle. Sin embargo, en coordinación con la dirección general del Ejecutivo canario, han podido encontrar un futuro para estos chicos, «que ya tienen sus papeles en regla». Así los jóvenes han podido comenzar a trabajar, por ejemplo, en hoteles ubicados en Fuerteventura y Lanzarote.

El director del centro quiere enviar un mensaje claro en contra de los discursos de odio que se escuchan casi a diario: «No hay personas ilegales. Los chicos migrantes huyen de sus países e intentan encontrar una vida mejor, quieren venir a contribuir, a sumar».

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