Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
Fiscalía llama la atención sobre la nula fiscalización e incluso que el director de un centro que tuvo que ser cerrado pasase a comandar otro
Francisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 26 de octubre 2025, 23:36
La presunta malversación de dinero de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha llevado a la imputación de cuatro directores de centros de menores migrantes no acompañados en centros regentados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI contó con la dejación del Gobierno de Canarias en materia de control del uso que se daba al dinero que entregaba a esa entidad. Así lo pone de manifiesto la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, con Javier Ródenas al frente, en la querella que sustenta la investigación que sigue su curso en la Fiscalía Europea.
El pasado sábado, el Cuerpo Nacional de Policía detalló el estado de la investigación. Cifró en cinco los imputados, incluyendo al empresario inmobiliario que alquiló los centros bajo la lupa judicial. Sin embargo, desde la representación legal del empresario se asegura que no figura en el procedimiento como investigado.
Lo que sí cuestiona la Fiscalía Anticorrupción fue el importe de los alquileres que se pagaron, al entender que estaban muy por encima del precio de mercado y no había justificación de ese sobrecoste.
En cuanto al papel del Gobierno de Canarias, en concreto de la Consejería de Derechos Sociales que en el momento de los hechos dirigía Noemí Santana, la Fiscalía advierte lo siguiente en su querella: «Existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia, que se evidencian en la ausencia de medidas y consecuencias de penalidades cuando su incumplimiento por la Fundación se hace aparente (cierre de la operativa bancaria sospechosa) y, mucho más, cuando este es una realidad (propuesta de cierre inmediato en junio de 2021 del centro Demena Puerto Rico). Lo anterior pudiera derivar en una ineficiencia y correcta utilización de los fondos públicos».
Noticia relacionada
«La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
Asimismo, Javier Ródenas subraya que «no se ha ejecutado un seguimiento efectivo en el destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación». Anticorrupción advierte que esto es consecuencia de «la ausencia de un marco jurídico concreto, más allá de la inicial orden de la declaración de la emergencia», lo que desembocó en la «inexistencia de una precisa delimitación de los contornos para el ejercicio de la función de supervisión, en definitiva, para el adecuado control de la ejecución de los contratos públicos adjudicados a la Fundación querellada».
Anticorrupción califica como «inexplicable» que «ante el cierre de un centro (Demena Puerto Rico) se nombre al mismo director para otro centro (Acorán), habilitando por tanto a la Fundación adjudicataria de los contratos, sin iniciar su obligatoria tramitación ordinaria y tolerando unas graves ineficiencias que el erario público no debiera asumir.
Más difícil de entender es que el cierre de la operativa bancaria de las cuentas corrientes donde transitaban los importes de los fondos públicos facturados para acometer los gastos de los centros no haya sido -en el mejor de los casos- si quiera conocida por la Administración pública que los financia. Desconocer que la entidad financiera decretase el cierre por operativa bancaria sospechosa de las cuentas personales en las que los directores de los centros de personas menores extranjeros recibían los caudales públicos facturados por la Fundación es un hecho que revela la absoluta falta de control en el cumplimiento del servicio adjudicado».
Los directores de centros investigados son María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy. Barroso fue en su día secretaria y tesorera del comité ejecutivo de Vox en Las Palmas.
