La directora general de Función Pública no negociará con los interinos por ser personal laboral

El nombramiento de García –que vino a sustituir a Laura Martín– ya sorprendió en su momento tanto los afectados por el fraude de ley como a los sindicatos. Fue en septiembre del año pasado, tras dos meses de intentos frustrados por parte de la consejería para cubrir la vacante, y en uno de los momento trascendentales del conflicto: por un lado, el comité de huelga urgía retomar el diálogo sobre el acuerdo firmado en abril con el Gobierno autonómico y, por otro, la negociación a nivel estatal parecía dar pasos en paralelo.

Al margen de esto, su puesto resultaba clave para la reorganización necesaria que planteaba el Ejecutivo con el fin de hacer frente a la llegada de los fondos Next Generation. Precisamente, una de las quejas del comité de huelga apuntaba a que con las nuevas contrataciones seguirían aumentando las interinidades.

La directora general, consciente de este contexto, se ampara en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público para abstenerse de su participación, justificándose en un «interés personal en el asunto», según ha publicado el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Mientras tanto, la negociación con los sindicatos se frena en verano debido a la merma de actividad en las administraciones. Las últimas reuniones celebradas este mes resultaron poco fructíferas, aseguran los colectivos, debido a que se manifestó una «gran falta de coordinación».

Después de dar a conocer las respectivas Ofertas de Empleo Público (OEP) extraodinarias en junio, ahora el foco está puesto en articular unas bases comunes y en diciembre como plazo máximo para su publicación, tal y como marca la ley 20/2021.

En total, Canarias ofertará alrededor de 30.000 plazas, lo que supone un 28,5% de los 104.600 efectivos que a fecha de enero de este año se encontraban trabajando en las administraciones canarias. Según el registro del Ministerio de Política Territorial, unos 34.400 en las entidades locales –cabildos y ayuntamientos– y algo más de 70.600 en la administración autonómica.

En lo que respecta a la administración general, se ofertarán unas 3.500 plazas, de las que el 90% corresponden a personal laboral de larga duración. Su principal diferencia respecto a los funcionarios es que se basan en un contrato regido por la legislación laboral y, por tanto, sometido a los convenios colectivos. Esto implica, por un lado, que pueden ser despedidos y, por otro, que para ascender también deben pasar por un proceso selectivo.