No habrá más viviendas vacacionales si no tienen el sí de los ayuntamientos

La titular del departamento, Jessica de León, destacó que la competencia sobre la limitación de estos alojamientos «recae donde siempre ha estado». Es decir, son los ayuntamientos los que tienen capacidad para «limitar o fijar las zonas de crecimiento de sus municipios por núcleos, barrios, por población, por distrito...».

Además, rechazó que las viviendas de protección pública puedan ser comercializadas como vivienda de alquiler.

De León destacó que el texto tuvo que esperar a que se aprobara el reglamento europeo que regula la comercialización de estas actividades y que recoge un registro único en España para gestionar el alquiler vacacional.

Una vez finalice el proceso de alegaciones, el Gobierno de Canarias declarará el procedimiento de urgencia para la tramitación de la ley con el objetivo de acortar los plazos y que entre en el Parlamento en septiembre y pueda estar en vigor a final de año.

Uno de los objetivos inmediatos de la Consejería, dijo Jessica de León, es «poner coto» a la oferta irregular de vivienda vacacional que se comercializa en el archipiélago.

Así, indicó que en las islas hay actualmente registradas un total de 54.227 viviendas vacacionales, lo que supone algo más de 217.000 plazas, lo que significa el 37% de la oferta turística de Canarias.

Ante estas cifras, el Gobierno da «pasos efectivos» para regular la actividad y «recuperar el equilibrio territorial perdido», dijo la consejera.

Tras cuatro años «perdidos» por el Pacto de las Flores en materia de vivienda, el Gobierno de Canarias ha adoptado dos medidas, como son el decreto de Vivienda y la Ley de vivienda vacacional, que darán una respuesta «más eficaz» a este problema que la declaración de las zonas tensionadas.

Así lo consideró el portavoz, Alfonso Cabello, quien puntualizó que, aún así, el Gobierno está dispuesto a analizar todas las propuestas que lleguen de los ayuntamientos, aunque de momento no han recibido ninguna.

Apuntó asimismo que la declaración de emergencia habitacional afecta a todo el archipiélago y recoge algunos de los requisitos de la normativa estatal para definir qué es una zona tensionada.