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John Hefferman, en su apartamento de Las Algas, en el sur de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Las sanciones por residir en zonas turísticas 'golpean' a cientos de turistas extranjeros: «Es injusto»

Muchos propietarios se están encontrando con las multas al llegar a pasar las vacaciones y no pueden recurrir porque se les ha pasado el plazo. El irlandés John Hefferman es uno de ellos: «No entiendo por qué sucede esto tras 13 años disfrutando de mi casa»

Javier Sheng Pang Blanco

San Bartolomé de Tirajana

Domingo, 24 de marzo 2024, 23:40

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Desde el año 2011 John Hefferman sale todos los años de su Irlanda natal con la intención de disfrutar de un invierno más cálido en la propiedad que posee en los Apartamentos Las Algas, situado en el sur de Gran Canaria. Trece años después de una rutina anual sin incidencias, este año se ha topado al llegar con una desagradable sorpresa: una multa de 2.250 euros y por el sencillo e inexplicable hecho, como señala, por residir en su apartamento. Hefferman se suma así a la lista de más de 400 propietarios que han sido sancionados por la misma causa en los últimos meses. Las multas siguen llegando. Hace solo una semana se notificaron 19 más.

«Es injusto. No entiendo por qué sucede esto tras 13 años disfrutando de mi casa», indica Hefferman, que asegura que si no puede residir en su apartamento «se verá obligado a venderlo».

El caso de este jubilado irlandés tiene además una peculiaridad y es que, cuando ha tenido constancia de la multa ya era tarde para recurrirla. Hefferman se la encontró cuando llegó a su casa en Las Algas, tres meses después de que fuera emitida por la administración. Así que la tiene que pagar sí o sí, sin posibilidad de recurrir en la vía administrativa porque el plazo de 30 días ha expirado.

No oculta su extrañeza porque no le enviaron la carta a su dirección de Irlanda, que tiene registrada como información de contacto desde que obtuvo su Número de Identidad de Extranjero (NIE).

El no haber podido actuar desde octubre le deja sin opciones, algo que sí pudieron hacer las 32 personas que presentaron recursos de alzada ante estas multas y que están pendientes de la resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo sobre la materia.

Una decisión tomada a principios de mes por la secretaría general técnica de la Consejería de Turismo y Empleo después de haber desestimado originalmente la retirada de la multa a una propietaria afectada.

Miles de propietarios esperan la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo sobre el futuro de sus inmuebles

Para Hefferman, es «injusto» no haber tenido las mismas posibilidades que el resto de afectados para presentar un recurso de apelación, al mismo tiempo que aseguró no haber estado al corriente de esta situación en ningún momento, ni desde octubre cuando se emitió la sanción ni desde 2011, cuando realizó la compra de un inmueble, que admite, desconoce si está destinado a ser parte de una unidad de explotación turística, ya que nunca se le informó de tal condición y en el complejo la gran mayoría de los vecinos hace el mismo uso del inmueble que él.

«Esta situación nos preocupa mucho porque compramos este apartamento hace 13 años con la intención de pasar los meses de invierno aquí y si no podemos hacerlo seguramente nos veremos forzados a vender. Si esta norma se acaba confirmando, devaluará el apartamento por lo que estamos muy preocupados sobre lo que pueda pasar en el futuro».

Hefferman quiso destacar que de haber estado al corriente de esta problemática es muy probable que durante estos años no hubiesen destinado el mismo esfuerzo económico a renovar el apartamento, tanto en el interior como en su exterior y es que cada propietario del complejo ha puesto dinero para acondicionar las zonas comunes, particularmente, un ascensor, los balcones y un nuevo sistema de tuberías. Hefferman, que volverá pronto a Irlanda teme que está situación pueda volver a ocurrir en el futuro, mientras no se regularice la situación.

Un rompecabezas por resolver

El caso de Hefferman no es más que otra muestra de que Canarias tiene actualmente en sus manos un grave problema en sus municipios turísticos. Aparte del marcaje al desarrollo frenético del alquiler vacacional se suma la Ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013, que tras su aparición ha provocado que miles de propietarios tengan ahora mismo la inseguridad de saber si pueden vivir en su propiedad.

Una ley que recoge como finalidad, «evitar y en su caso, reconducir la residencialización de las áreas turísticas», provocando el rechazo de gran parte de la sociedad que defiende que tal norma no debería existir bajo el concepto de que cada uno debe ser libre de hacer con su vivienda lo que le plazca. Además, se trata de una normativa de la que según muchos propietarios, nunca escucharon ni fueron informados hasta que llegaron las sanciones.

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