Los extrahoteleros, a favor de la residencialización, siempre y cuando no conviva con la actividad turística

El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), Fernando Estany expresó que el sector extrahotelero no está en contra de que se les otorgue el uso residencial a aquellos complejos que están totalmente o en su gran mayoría residencializados pero que sí consideran que esta modalidad no puede o debería convivir en aquellos inmuebles en los que exista una actividad económica basada en el turismo.

En estos complejos, según Estany se acaba perdiendo empleo al ir las unidades residenciales ganando terreno sobre las turísticas causando que en el periodo 2015-2022 en Canarias se perdieran 68.000 plazas extrahoteleras, 2 mil millones de actividad económica, 44.000 empleos y cerca de tres millones de euros de recaudación fiscal.

Estany indicó que en el caso particular del sur de Gran Canaria, la Consejería de Turismo acordó con el concejal de urbanismo de San Bartolomé lanzar una ordenanza provisional, amparada en la Ley de Suelo de 2017, que refleja que «se consolida el uso residencial cuando uno puede demostrar que estaba viviendo ahí antes del 1 de enero de 2017».

A su vez, indicó que para que salga adelante esa ordenanza es necesario que los ayuntamientos de los municipios turísticos lleven a cabo una especialización de las parcelas y determinar si son turísticas o residenciales, algo que «ningún ayuntamiento en toda Canarias ha hecho hasta ahora porque supone perder votos».

Con esta medida el presidente de la AEAT entiende que en los complejos que «desde hace tiempo no se dedican a la explotación turística», como es el caso de Las Algas, la especialización determinará su uso residencial, por lo que los procesos de sanción quedarían paralizados «al no tener sentido».

Por el contrario, los extrahoteleros se posicionan claramente en contra de aquellas personas que aprovechan esa recalificación del suelo para poder hacer alquiler vacacional, lo cual «sería una incongruencia» al producirse así una actividad turística.

Estany subrayó que en esta materia, «la responsabilidad de la Administración por la ausencia de control es importante» pero que la tarea de los propietarios también incluye «informarse sobre cual es el uso del inmueble y no simplemente firmar la escritura».

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