La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, esta semana en el Parlamento. / EFE

Derechos Sociales defiende la gestión de los centros de menores

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha respondido a las críticas impulsadas por el comité de empresa de la dirección general de Protección a la Infancia que representa a la provincia de Las Palmas en una comparecencia parlamentaria solicitada por la diputada Vidina Espino.

Las quejas, que ya han sido puestas en conocimiento del Diputado del Común, Rafael Yanes, partían de que la escasez de medios y personal en el departamento estaban poniendo en riesgo a los tutelados.

Respaldando estas acusaciones también han sacado a la luz un informe de 2020 en el que se denunciaban irregularidades en centros de acogida de Gran Canaria, a pesar de que la consejera recalcó que fue su directora general, Iratxe Serrano, quien trasladó dicho documento a la Fiscalía de Menores.

Santana resaltó el trabajo del departamento y negó dicha desprotección, pese a que también reconoció las carencias técnicas que trascienden, aseguró, la gestión de esta legislatura.

La consejera de Derechos Sociales alumbró datos para poner en contexto el problema denunciado por el comité. Actualmente, la dirección general atiende a 1.682 menores canarios y cuenta con 60 técnicos. En concreto, en la provincia de Las Palmas hay 926 menores y 34 técnicos, lo que hace una media de 37 expedientes por cada uno de los trabajadores.

«Son pocos, pero no son las cifras desbordadas que hemos escuchado», señaló. «Por supuesto que estamos por la labor de incorporar más personal, pero nos topamos con la reforma de la ley presupuestaria y tenemos que ir parcheando a través de contratos programa».

Sumando el numero de puestos de trabajo de las RPT y los interinos, la dirección general cuenta con 395 efectivos reales solo veinte más que en 2019.

Otra de las denuncias del comité es la falta de personal cualificado para supervisar el servicio y de inspecciones periódicas de los centros para verificar que las entidades colaboradoras cumplen sus funciones. A lo que Santana respondió «es absolutamente falso».