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La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González alertó ayer de que el decreto ley de suspensión temporal de las multas a los propietarios de residencias en zonas turísticas abre la vía a expulsar a 100.000 familias, principalmente ubicadas al sur de las islas. La portavoz parlamentaria canarista en la materia denunció que la norma del Gobierno de CC y el PP coloca a los afectados con viviendas «legales» en una situación de desprotección absoluta al obligarles a declararse «ilegales» para suspender las sanciones económicas.
El grupo canarista votará, en el pleno del próximo miércoles, en contra de la convalidación del decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atender al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su reglamento, aprobado por el decreto 85/2015, más comúnmente denominado decreto de ley de residencialización.
Esther González adelantó el «fuerte» rechazo de Nueva Canarias-BC hacia una norma, en vigor desde que el Consejo de Gobierno aprobara el mismo a mediados del pasado mes de marzo, por sus consecuencias «negativas e injusticias» derivadas de su aplicación.
La portavoz de NC-BC estimó que, en el archipiélago, hay unas 100.000 familias en las zonas turísticas del sur, principalmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que tienen su residencia (sea primera o segunda vivienda) y que están ubicadas en suelos mixtos, es decir, que está calificados para uso residencial y/o turístico, al mismo tiempo. Son pisos, apartamentos y bungalós, adquiridos en su mayoría con anterioridad al inicio del boom turístico y que tienen escriturada la propiedad como vivienda, según explicó la portavoz de NC-BC.
La parlamentaria de NC, Esther González, critica que, según el decreto, para hacer residenciales decenas de bungalós si uno solo de los dueños se niega ya no es posible seguir con el proceso y se activa el expediente de la sanción. Además, las familias con residencias en suelos mixtos, aunque sean propietarios legales, reiteró, se ven obligadas a declararse «culpables, ilegales» para paralizar la multa, por lo que el decreto ley les coloca en una situación de «desprotección absoluta» al privarles de sus derechos (como posibles indemnizaciones). La portavoz de NC-BC avanzó que la mayoría de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno (CC, el PP, la ASG y la AHI) convalidarán el decreto ley de residencialización.
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