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La intención del Gobierno de Canarias de modificar la Ley de Participación Ciudadana incrustándolo en el decreto ley que permitirá a los ayuntamientos ganar liquidez ha provocado que el Consejo Consultivo aprobara un dictamen severo y, al mismo tiempo, meter en un problema al Parlamento- grupos del pacto incluidos- al no tener otro remedio que convalidar hoy el texto.
El órgano encargado de velar de que las decisiones de las Administraciones cumplan con el marco jurídico no ha dudado en dar un rastrillazo al Ejecutivo autonómico en su dictamen. En él se sostiene que, «de ninguna manera el fomento a la participación ciudadana encuentra amparo en la habilitación extraordinaria y urgente necesidad» que caracteriza, entre otros elementos, el uso de un decreto ley.
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La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez engarza los motivos para promover el cambio con el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias en el que se «apela -reproduce el Consultivo- a la necesaria participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las Administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la prestación de los servicios públicos».
Asimismo, el Ejecutivo lo conecta también con el «impulso y elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible» dado que a finales del año pasado acordó que, «en el proceso de elaboración de la misma, se dé participación a la ciudadanía, los agentes económicos, sociales y académicos».
Por ello, y «por un elemental compromiso con este pilar de gobierno abierto es preciso más que nunca poner en valor el mandato», concluye el Gobierno.
«Pero el esfuerzo que la exposición de motivos realiza a fin de justificar la extraordinaria y urgente necesidad no parece encontrar respaldo en los documentos que cita», asevera la autora del dictamen, Cristina de León.
La consejera opone que «es la propia exposición de motivos la que reconoce que no se trata de una necesidad urgente ni extraordinaria sobrevenida por la crisis en la que estamos sumidos».
Tras reproducir el extracto correspondiente, se señala que «la modificación pretendida es fruto del deseo de actualizar una normativa que, desde su origen, ha resultado obsoleta». De esta forma, el «proceso de obsolecencia ha podido ser abordado con las garantías procedimentales de una ley ordinaria mucho antes», lo que garantizaría el cumplimiento de los derechos del Legislativo en su función de control al Gobierno.
Así que, a juicio del Consejo Consultivo, no es éste el momento para «evadir tales garantías argumentando una imperiosa necesidad sobrevenida de colaboración ciudadana por la vía de participación».
Una vez recibido el dictamen, el Gobierno consultó durante la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento qué posibilidades tenía de eliminar la modificación de la Ley de Participación Ciudadana. Ninguna, fue la respuesta.
Pero tampoco el pleno de la Cámara puede convalidar el decreto ley por trozos. Portavoces de los grupos parlamentarios indicaron que en la reunión previa a la sesión plenaria «estuvimos discutiendo sobre este tema», porque incluso los grupos que sostienen el pacto de gobierno rechazan dar su conformidad teniendo un dictamen tan claro como el que ha emitido el Consejo Consultivo.
Los Servicios Jurídicos del Parlamento indicaron que las modificaciones solo tienen cabida cuando el decreto ley se convalide y se transforme en un proyecto de ley, al que sí se le puede presentar enmiendas. En consecuencia, «llegamos a un acuerdo político de convalidarlo y cambiarlo posteriormente», indicaron.
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