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El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado por unanimidad el recurso del Parlamento de Canarias contra el decreto ley de 2021 que modificó el Régimen Económico y Fiscal (REF) para actualizar los límites de las deducciones fiscales a las producciones audiovisuales realizadas en las islas.
El decreto ley elevó de 5,4 a 12,4 millones de euros el tope de bonificación sobre el impuesto de sociedades, pero pese a aumentar la deducción el Parlamento de Canarias interpretó que se vulneraba el REF porque se incrementó también en el resto del Estado, con lo que el diferencial fiscal del archipiélago pasó del 80% al 25%.
El Constitucional estima que se respetó la garantía procedimental establecida en el Estatuto de Autonomía porque se solicitó el pronunciamiento del Parlamento de Canarias sobre el decreto ley antes de su convalidación definitiva en las Cortes. La sentencia considera además que concurren las circunstancias que justificaban la legislación de urgencia «sin que el principio de seguridad jurídica se vea vulnerado al ser la norma clara y previsible en sus efectos».
El pronunciamiento del TC llega en todo caso año y medio después de que el conflicto entre Canarias y el Estado por la modificación unilateral del REF se resolviera por la vía política, puesto que en septiembre de 2021 el Congreso aprobó reponer la bonificación fiscal del 80% para las producciones audiovisuales realizadas en Canarias, mediante una enmienda a la ley de medidas de apoyo al sector cultural y carácter tributario pactada por PSOE y NC.
El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, señaló al valorar la sentencia que el TC «entiende que se ha producido el reconocimiento de facto por el Estado de la necesidad de respetar la norma que obliga a contar con el Parlamento de Canarias al modificar el REF».
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