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El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, confía en que el concurso de urgencia convocado tras la declaración de emergencia energética por parte del Gobierno regional permita generar energía en el plazo de un año.
Un total de 15 empresas han respondido a esta convocatoria, que será resuelta en un plazo de dos semanas. En ese momento se dilucidará «quien y donde» contribuirá a paliar el déficit energético que sufre el archipiélago, señaló Hernández en un desayuno con los medios de comunicación este viernes.
Mediante esta fórmula extraordinaria se adjudicarán 120 megavatios en Gran Canaria, 80 megavatios en Tenerife y 50 en Fuerteventura. Explicó el consejero que no se actuará en La Gomera, donde se produjo un cero energético este verano, porque «el Estado solo permite intervenir donde los estudios de Red Eléctrica confirman que existe déficit de generación».
En cualquier caso, apostilló que «irán cayendo todas las islas» no sólo por el déficit de energía que presentan, sino por la antigüedad de los equipos existentes, ya que, afirmó, «algunos de ellos proceden de la época franquista, como es el caso de La Palma».
Reiteró el titular de Transición Ecológica que en un año «se estará generando energía» y destacó que algunas de estas soluciones de emergencia será el gas, como el propano. A este respecto, indicó que en Canarias «estamos muy atrasados» ya que se sigue quemando fueloil en vez de utilizar gas.
En un repaso a la actividad y objetivos de su departamento, Hernández Zapata expresó su apuesta por la implantación de las renovables que, en este momento es «pobre». La media de generación de energías limpias en las islas es de un 20% aunque La Palma es la que presenta un porcentaje más bajo, en torno a un 8%.
A su juicio, la fórmula para avanzar en este asunto es a través de la vía excepcional prevista en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, que se ha encontrado con la posición frontal de los cabildos. Sin embargo, el consejero mantiene que la manera de trabajar en este sentido es «con transparencia» y criticó que «no es un buen trabajo el que hay hecho» en este sentido.
Por otro lado, el consejero se refirió a la modificación de la Ley de lucha contra el cambio climático que su Consejería acometerá este mismo año y que pretende, entre otros fines, reducir el cuerpo de la ley, unificar órganos y «que haya menos burocracia».
En la tramitación parlamentaria de esta modificación prevé desencuentros con el Partido Socialista, redactor de la actual ley aprobada hace menos de un año, pero espera que salga una propuesta «que no haga chocar a los canarios en la lucha contra el cambio climático».
Además, a su juicio, la actual norma contiene «muchas recomendaciones, cuando lo que debe recoger son aspectos que se deben cumplir y si no, consecuencias».
También hizo referencia Hernández Zapata a la gestión de los residuos en el archipiélago y contabilizó en unos 200 los vertidos sin autorización, aunque detalló que algunos de ellos son puntuales como los que se producen después de las lluvias.
Indicó a este respecto que su intención es invertir la recaudación del impuesto de gestión de residuos -entre 25 y 28 millones al año en Canarias- para trabajar en la eliminación de estos puntos.
Asimismo, señaló que entre las iniciativas planteadas por su Consejería figuran elaborar una Ley de montes -«porque Canarias es de las pocas comunidades que aún no la ha desarrollado»-, la actualización del decreto de prevención de incendios, que es de 2001, así como la ampliación de los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (Eirif).
Por otro lado, el eurodiputado del PP José Ramón Bauzá considera que Canarias puede ser un hub logístico para el almacenamiento y distribución del combustible aéreo sostenible (Saf por sus siglas en inglés) después de reconocer, junto a su compañero en el Parlamento europeo Gabriel Mato, que ns, que para el transporte marítimo entra en vigor el próximo 1 de enero.
Para Bauzá, este combustible «alternativo» es una de las grandes oportunidades para el archipiélago.
La entrada en vigor de nuevas normas vinculadas a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización industrial y el impacto que pueden tener en Canarias fue el objeto del encuentro de trabajo celebrado este viernes 'Fit for 55 en el transporte marítimo y aéreo de Canarias. Hacia una transición verde' organizado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Al respecto se analizó cómo puede afectar esta situación a la conectividad en las islas y su impacto en la industria turística.
Gabriel Mato consideró que, aunque el Pacto Verde europeo «es loable, hay que ver cómo se puede atemperar y las consecuencias para Canarias, porque en este momento, las regulaciones para el transporte aéreo y marítimo nos pueden hacer daño, como los derechos de emisiones, combustibles sostenibles y la tasa verde».
Abundó en esta consideración para indicar que, aunque está de acuerdo en que «quien contamina debe pagar, se debe aprovechar para, por ejemplo, que los derechos de emisión puedan revertir en mejorar las condiciones para la descarbonización en el archipiélago».
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