Las comunidades ponen 'peros' al traslado de los menores inmigrantes a la península

Parte de las comunidades autónomas de España han mostrado su rechazo ante el acuerdo entre el Estado y Canarias para el reparto obligatorio de los menores migrantes. En él, cuando los territorios superen el 150% de su capacidad de acogida, se tendrá que derivar a los jóvenes a otras comunidades. En este caso, las islas tienen a 5.500 jóvenes bajo su tutela, por lo que su tope sería 3.000. Se espera que en un periodo máximo de un año se derive a 2.500 niños y niñas.

Esta conclusión ha sido criticada por comunidades como Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha o Madrid, que han pedido más información y financiación para que se lleve a cabo el reparto obligatorio, que se materializaría con la reforma de la ley de Extranjería.

La primera en pronunciarse fue la Generalitat el mismo día en el que se conoció la medida, el lunes. En este caso, desde el departamento de Derechos Sociales se entiende que el reparto no tiene en cuenta el «esfuerzo real de acogida», además de que no se acompaña de «la financiación proporcional».

En el caso de La Rioja, Cantabria o Madrid, los Gobiernos autonómicos apuestan por «más diálogo y acuerdo», una «decisión coordinada» y han mostrado su rechazo a la obligatoriedad.

Más receptiva se ha mostrado Castilla y León, que ha mostrado «su solidaridad». El portavoz de la Junta, Carlos Fernández, ha aseverado en declaraciones recogidas por Efe que la comunidad es «una tierra de acogida».

Con la idea de aliviar la presión que existe actualmente en los servicios de acogida de los territorios que son puerta de entrada de las personas migrantes, como es el caso de Canarias, el Gobierno estatal planteó ayer a las comunidades el traslado de 300 menores migrantes desde las islas hasta la península, a los que se suman 100 de Ceuta.

Se trata de una medida acordada en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró ayer en Madrid y que ahora se tendrá que aprobar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que está prevista que se celebre durante la primera quincena de mayo. Para dicho fin se espera que se destine una partida de 30 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

En octubre del año pasado, en este mismo foro, se pactó con el Gobierno de Canarias trasladar a 339 jóvenes. Sin embargo, desde aquel momento solo se han producido 16 desplazamientos.

El viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Francis Candil, traslada su «preocupación» ante esta medida, ya que la ve insuficiente puesto que no se ha incrementado el número de derivaciones, sino que ha disminuido.

Además, Candil destaca que esta medida supondrá que «se dilaten en el tiempo» las soluciones a la crisis migratoria existente en el territorio, pues el traslado al resto de comunidades dependería «de la firma de protocolos y convenios» con cada uno de los Gobiernos autonómicos. El viceconsejero apunta que se trata de un camino «que ya se harecorrido» y saben que esta medida va a llevar a largas esperas para la firma de acuerdos bilaterales «que nunca dan una solución inmediata» a la situación que se vive en las islas.

Candil alerta de que se prevé que en los próximos meses, con el verano y la mejora en las condiciones meteorológicas, haya una «llegada muy importante» a las costas de menores migrantes. Por ello, el viceconsejero traslada que «todas las esperanzas están puestas» en el acuerdo al que se ha llegado entre el Gobierno de España y Canarias.

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