El compromiso ecológico será una exigencia en la contratación de las empresas con el Gobierno

En su apuesta por la lucha contra el cambio climático, el Gobierno de Canarias está convencido de que no vale solo el esfuerzo del sector público, sino que el privado debe implicarase activamente. En esa línea, el borrador de Ley del Cambio Climático, que el consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, José Antonio Valbuena llevó este mes al Consejo de Gobierno, establece la obligación de que en las contrataciones públicas se tengan en cuenta criterios de lucha contra el cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad.

El borrador legislativo, al que ha tenido acceso este periódico, señala en su artículo 25 que, en el marco de la legislación de contratos del sector público, las administraciones autonómicas y los entes del sector público «promoverán la sostenibilidad energética y medioambiental mediante los instrumentos de contratación pública, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley y dentro del respeto a los principios de libertad de acceso, transparencia, igualdad entre hombres y mujeres, objetividad y eficiencia». Para ello, en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares de sus contratos de adquisición de servicios y suministros y de ejecución de obras, «criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y cláusulas que contribuyan a alcanzar los objetivos que en materia de la acción climática y el que se establecen en esta Ley. Como mínimo, deberá contener como criterio de valoración objetiva la huella de carbono asociada al contrato objeto de licitación. En caso contrario, los pliegos deberán justificar motivadamente la no inclusión de otros criterios».

Asimismo, se introducirá «como criterio de valoración, la inscripción de los licitadores en el Registro Canario de la Huella de Carbono cuando acrediten mediante la verificación de dicho registro la reducción o compensación de sus emisiones». Los órganos de contratación administrativa podrán disponer del asesoramiento de la Agencia Canaria de Acción Climática.

Respecto a la contratación en materia de redacción de proyectos y ejecución de obras públicas, también se recoge la obligación de incluir en los pliegos «criterios que garanticen niveles máximos de autosuficiencia energética de la obra, una vez entre en servicio. Para ello se atenderá de forma singular a los criterios bioclimáticos». Además, en los proyectos se «maximizará el potencial de producción energética de los espacios públicos utilizados en la construcción de obras, así como el almacenamiento de energía».

En cuanto al alquiler o adquisición de inmuebles, para valorar la oferta económica más ventajosa se incluirán «necesariamente la cuantificación económica del consumo energético correspondiente a su calificación energética. «Los pliegos especificarán la forma de cálculo de dicho criterio, que siempre irá referido a la vida útil del inmueble o el periodo de alquiler».

Y la sostenibilidad llega también al parque móvil del sector público: «A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las administraciones Públicas de Canarias y los entes del sector público únicamente podrán licitar la adquisición o el alquiler de turismos, motocicletas, furgones y furgonetas cuyo sistema de propulsión no utilice combustibles fósiles».

Finalmente, el borrador legislativo subraya que «no será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a los vehículos que en función del uso público al que estén destinados no puedan cumplir con dicha obligación. Deberá incorporarse la correspondiente justificación técnica en el expediente de contratación».

El consejero Valbuena señaló al hacer balance el pasado día 7 del primer año de mandato y anunciar la presentación de este borrador legislativo que la citada ley pretende colocarse a la vanguardia nacional y ser una referencia para otras comunidades. Ahora su departamento está a la espera de las aportaciones de otras consejerías y de los partidos integrados en el pacto regional antes de la aprobación del texto como proyecto de ley.