El 'colapso' de la Renta Básica deja en el aire a 8.000 canarios que la requieren para vivir

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias expresaron su «profunda preocupación» ante el colapso en la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), situación que está afectando gravemente a las personas más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social.

Desde la entrada en vigor de la RCC en marzo de 2023, ha pasado más de un año sin que se cumpla la normativa. La ley determina un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes, sin embargo, según denuncian, los tiempos de espera se extienden hasta quince meses. Este retraso sistemático está vulnerando los derechos de miles de ciudadanos canarios que dependen de esta renta para subsistir.

Actualmente, se estima que existen 5.000 expedientes pendientes de reconocimiento y 3.000 pendientes de revisión. Como consecuencia surgen nuevos problemas para las personas beneficiarias, como cobros que deben devolver derivados de los atrasos en las revisiones y comunicaciones de modificaciones en las unidades de convivencia sin atender. Según denuncian los trabajadores sociales, las personas están en una situación de indefensión.

El colectivo profesional de trabajo social manifiesta su desaprobación con el trato recibido a las personas solicitantes y beneficiarias de la RCC. «Reconocemos que la implementación de una ley de esta magnitud no es sencilla, pero es inadmisible que las personas en situación de vulnerabilidad tengan que esperar más de un año para una resolución que es vital para su estabilidad y bienestar», denuncian.

Como apuntan en una nota de prensa, en el transcurso de este año, la RCC ha representado un retroceso en los derechos de la ciudadanía canaria. «La demora en las resoluciones y la tramitación electrónica, junto con el sentido desestimatorio del silencio administrativo, han creado un escenario de indefensión que vulnera el derecho de acceso a una renta mínima, tal y como recoge el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias», señalan.

Las rentas mínimas tienen el objetivo de cubrir necesidades básicas para aquellas personas que carecen de recursos materiales suficientes y que están en mayor riesgo de exclusión social. Sin embargo, Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con los índices más altos de pobreza.

En este sentido, lo que se anunció como un «antes y un después» en materia de derechos sociales, en realidad ha sido un retroceso en la garantía de estos derechos, denuncian los trabajadores sociales.

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