Clavijo reclama negociar el reparto de menores con el Gobierno, el PP y Junts

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), continúa alzando la voz para poner solución a la crisis migratoria en Canarias. Este viernes ha reclamado en el Parlamento autonómico una negociación para el reparto de menores no acompañados en la que participen su Ejecutivo, el Gobierno de España, Partido Popular y Junts.

«Al menos hay que intentarlo, nadie me ha explicado por qué no se ha intentado», ha asegurado Clavijo en su comparecencia en el pleno. Defendió así la necesidad de que el PP y Junts participen porque fueron los que se opusieron en el Congreso a la admisión a trámite de la proposición de ley acordada entre los Canarias y Madrid.

El Gobierno autonómico «no va a ser cómplice de normalizar una situación extraordinaria», ni de que los menores migrantes vean vulnerados sus derechos o de que «el pueblo canario soporte en solitario toda la presión migratoria» procedente del continente africano«, ha dicho el presidente canario. Ha acusado al Gobierno de España de »mirar para otro lado«, de no tomar la iniciativa y de argumentar que todo e »muy complicado«.

Pero, para Clavijo, «no es difícil» aplicar el mismo criterio de distribución de menores que se acordó por las comunidades en la conferencia sectorial para unos 400 migrantes que para unos miles.

El presidente ha indicado que el 12 de agosto hubo «una reunión discreta» e «informal», que luego hizo pública el PSOE, en la que participó el Gobierno de España, representado por el ministro Ángel Víctor Torres, y el PP, pero el Ejecutivo central aún no ha cumplido el compromiso alcanzado.

El Gobierno de España se comprometió a trasladar un informe sobre las plazas y los menores migrantes distribuidos por el territorio nacional y realizar dos simulaciones sobre su distribución, pero «pasan los días» y no llega la información, se ha quejado.

Clavijo ha recordado que, ante la crisis migratoria y «la imposibilidad de asumir más menores», el Gobierno de Canarias decidió esta semana «revisar los procedimientos» con la finalidad de «blindar» los derechos de los menores y de los trabajadores de la comunidad autónoma, así como «dar cobertura legal» a las ONG.

Por eso se ha dado orden a los servicios jurídicos «para que analicen la situación» no «para ir contra nadie», sino «a favor de los menores y sus derechos», así como los de los trabajadores, expuso el presidente autonómico.

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