Cáritas se ve desbordada y pide soluciones para atender a migrantes

Cáritas Diocesana de Canarias se suma a las denuncias de otras organizaciones e instituciones ciudadanas y eclesiásticas sobre la gestión de los inmigrantes por parte del Gobierno de España al confirmar que no se está teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que llegan en patera al archipiélago. En un comunicado, aseguran que los menores no acompañados que residen en centros de acogida «se quedan en una situación de desamparo» cuando cumplen la mayoría de edad, lo que les aboca a quedarse en la calle «sin recursos, comida ni acceso a la atención sanitaria», al igual que aquellas personas que salen de los hoteles y apartamentos de acogida. Destacan que la mayoría se ven «desamparados» y «vulnerables» al no recibir información ni asesoramiento en un idioma que comprendan. «Muchos vienen a Cáritas con moratones y contusiones afirmando haber sido agredidos, insultados y vejados en la vía pública», señalan.

Esta situación se ha incrementado la cantidad de personas que acuden a los comedores y servicios de Cáritas en la Avenida de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria y en San Fernando de Maspalomas, sobrepasando incluso la capacidad de sus cocinas para elaborar los menús. Solo en el mes de enero, el número de personas que se han acercado a los comedores se ha incrementado en un 72%. «Los migrantes llegan con un folio donde se les indica la dirección y horarios de los servicios de comedor, duchas y lavandería», apunta la entidad.

Bajo este contexto, argumentan que las medidas políticas diseñadas por la Unión Europea de control de flujos migratorios tienden a convertir territorios como nuestras islas en «cárceles para migrantes» basándose en el cierre y externalización de fronteras y deportaciones, y no son ajenas a las causas que les obligan a dejar sus países de origen (conflictos armados, pobreza y desigualdades, cambio climático o expolio de los recursos naturales, entre otros. Teniendo en cuenta que más de 2.000 personas han perdido la vida durante el 2020 intentando alcanzar las costas españolas, la organización ve «imprescindible priorizar políticas de desarrollo justo en los países de origen y actuar para que las personas no sean expulsadas de sus hogares, así como evitar que sigan siendo víctimas de organizaciones delictivas que se aprovechan de la desesperación y la falta de oportunidades en los países empobrecidos».

Las islas se enfrentan, así a una «grave crisis social», por lo que Cáritas ha pedido en primer lugar a las administraciones públicas la habilitación de recursos que permitan la atención a las personas en situación de sin hogar (tanto a las que viven en Canarias como a las personas migrantes en situación de tránsito), en condiciones dignas y de respeto a los derechos humanos, para dar respuesta al incremento de estas personas derivada de la crisis.

Por otro lado, reclama al Gobierno de España que restablezca, a la mayor brevedad posible, la libre circulación de s personas migrantes a la Península y al resto de la Unión Europea para que puedan reunirse con sus familias y continuar su ruta, ya que entienden que su destino final no son las islas. También ha solicitado que los programas de acogida humanitaria desarrollen un acompañamiento integral de las personas migrantes, dotándoles de los medios necesarios para poder resolver la situación en la que se encuentran, y que se garanticen unos fondos económicos suficientes y estables para la Cooperación al Desarrollo en los países de origen.

Mientras, al Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos de las islas, Cáritas solicita la puesta en marcha de programas específicos y adecuados para luchar contra la xenofobia, el racismo y los múltiples discursos de odio. Una petición que extiende a los canarios: «No se trata solo de inmigrantes, también se trata de nuestros miedos, y esto se nota particularmente hoy día frente a la llegada de personas y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor», concluye el comunicado.