Canarias ya tramita con los ayuntamientos la cesión de suelo para 4.237 viviendas públicas
La comunidad autónoma registraba a finales del pasado mes de noviembre casi 17.500 demandantes de una casa de protección oficial
B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado, 26 de diciembre 2020
El nuevo Plan de Vivienda de Canarias pretende dar respuesta a muchas familias que siguen esperando acceder a una casa, pero también quiere ser un estimulo para el sector de la construcción. Y es que, según los cálculos de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en los próximos cuatro años se iniciará la edificación de casi 4.500 casas de protección oficial, tanto públicas como privadas, una actividad que podría generar en torno a 24.000 empleos, ya sean directos o indirectos.
En esta línea, la Consejería que dirige Sebastián Franquis ya dispone, o ha iniciado el trámite para la cesión, de 85 parcelas en las que se podrán construir 4.237 viviendas nuevas del total contemplado en el plan. Se trata de casas de protección oficial tanto de régimen de alquiler publico -las que gestiona el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)-, como régimen de alquiler privado, a cargo de Visocan. Además de estas construcciones ya asignadas a los distintos suelos, existe una bolsa de 150 viviendas que se irán distribuyendo a medida que nuevas corporaciones locales se sumen al Plan de Vivienda y vayan poniendo suelo municipal a disposición del Gobierno de Canarias.
TRÁMITES
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Parcelas La mayor parte de los 85 suelos disponibles para construir viviendas protegidas aún están en trámite de cesión por parte de los ayuntamientos.
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Plazos El Instituto Canario de la Vivienda confía en que los convenios con los ayuntamientos para contar con estos espacios estén cerrados a lo largo del próximo 2021.
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Sin asignar Se han distribuido más de 4.200 viviendas en las parcelas cuya cesión se está tramitando pero hay una bolsa de 150 casas para ayuntamientos que se sumen al plan.
Según los datos que maneja la Consejería de Vivienda, a finales del pasado mes de noviembre se registraba en toda la comunidad autónoma un total de 17. 444 inscritos como demandantes de una vivienda protegida.
De momento, las 85 parcelas que ya están disponibles por parte del Gobierno de Canarias o en trámite para su cesión, se distribuyen en 38 municipios. En los casos en los que aún se está trabajando con los Ayuntamientos, el Instituto de la Vivienda confía en que este procedimiento pueda estar culminado a finales del próximo año 2021 ya que, apuntan desde esta entidad, «actualmente los ayuntamientos están llevando a sus plenos las propuestas de cesión».
Indican en cualquier caso fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que, este paso depende en última instancia de la «disposición y agilidad» de los gobiernos municipales en llevar a cabo este trámite. De todo este suelo disponible, en torno al 71% es propiedad municipal (solo una parcela ha sido cedida por el Cabildo de Lanzarote), mientras que el resto -casi el 30%- ya era propiedad del Icavi.
En los últimos meses se han firmado varios convenios de cesión que permitirán iniciar obras del Plan canario, entre ellos los más grandes, que se han sellado con los ayuntamientos de las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé la construcción de 400 viviendas, y Arrecife, donde se edificarán otras 200.
En la mayor parte de estos suelos está prevista la construcción de 3.209 viviendas nuevas en régimen de alquiler público por parte del Icavi mediante diferentes programas (construcción normal, Plan 20.000 y Plan contra la despoblación). Además, Visocan estima que levantará 1.028 viviendas de protección oficial nuevas en régimen de alquiler privado y para ello contempla espacios en 14 de los 38 municipios donde se está tramitando la cesión de parcelas. En algunas de estas localidades coincidirá las obras de las dos entidades, es decir, las que tengan condición de alquiler público y alquiler privado.
Además de las VPO de nueva construcción, el Plan Canario contempla la disponibilidad de otras 1.600 viviendas protegidas que llevarán a cabo los promotores privados mediante convenios con el Icavi, de la compra de edificios ya terminados, o del plan de estímulo a los propietarios a sacar viviendas en alquiler previo pago de una compensación.