Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Gobierno de Canaria. / EFE

Canarias tiene 545 millones en subvenciones pendientes de justificar

La Audiencia de Cuentas, en su informe de fiscalización de 2020, insta a elaborar un plan con objetivos y medios para clarificar la situación

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Canarias había concedido a finales de 2020 un total de 545,7 millones de euros en subvenciones que no habían sido justificados. Es una de las conclusiones del informe de fiscalización a la comunidad autónoma realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias. El documento detalla que las subvenciones pendientes de justificar por la administración regional y sus organismos autónomos superan los 545 millones, de los que solo 30 -un 5,5%-, tienen resolución de reintegro, lo que significa que faltan por depurar los 515 millones restantes.

De la cifra total, 106,2 millones se encuentran soportados en un Sistema de Control Interno de Subvenciones Pendientes de Justificar (Sicoin), mientras que los otros 439,6 millones figuran en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (Seflogic). Así, en el primero de estos registros -Sicoin- se ha pasado de un saldo pendiente de justificar en 2016 de 181,5 millones de € a los 106,2 millones, es decir, se ha rebajado en más de 75 millones. En cambio, en el otro sistema se ha incrementado de los 316,8 millones a los 439,6.

EXPEDIENTES

  • SCE Un total de 153 millones es la cantidad de subvenciones que el servicio de empleo no ha podido justificar.

  • Icavi El otro organismo donde el saldo pendiente es más elevado es el Instituto de la Vivienda, con 77 millones.

  • La mitad de la comunidad La suma de las cantidades sin justificar de estos dos organismos asciende a la mitad del montante existente para toda la comunidad autónoma, y se eleva a 350 millones.

La Audiencia de Cuentas, en su informe aprobado a finales de diciembre, considera que el importe señalado como pendiente es de tal importancia que habría que establecer un plan de acción indicando no solo el plazo para llevarlo, sino dotarlo de los medios necesarios para su ejecución, «con el objetivo de clarificar la realidad de los expedientes que conforman el saldo, e incorporar en la cuenta de rentas públicas su verdadero impacto». Sobre todo porque hay un saldo de 121 millones relativo a los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2015.

Casi una tercera parte de la cantidad pendiente de justificar corresponde al Servicio Canario de empleo (SCE), con un montante que asciende a 153 millones. De esta cifra, la cantidad más alta, 61 millones, pertenece al año 2019, otros 35 millones a 2018 y 25 millones a 2017. También el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) acumula una importante cifra de subvenciones sin justificar, que supera los 77 millones. De este montante, algo más de la mitad -40 millones- corresponden al periodo entre 2010 y 2015. Las cantidades en este organismo han ido descendiendo hasta llegar a 60.000 euros en 2019 y 535.000 euros en 2020. Solo estos dos organismos tienen un saldo de subvenciones pendientes de justificar -230 millones- que suponen el 52% de lo que tiene toda la comunidad autónoma y el 99,7 % de todos los organismos autónomos con antigüedad anterior a 2010 .

En general, la Audiencia destaca que el 34% del saldo pendiente de cobro tiene una antigüedad superior a 10 años, a la vez que reconoce que conforme se incrementa la antigüedad de la deuda, la posibilidad de su cobro se va reduciendo. Es también la consideración que se recoge en el Informe de fiscalización de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (GRECASA) para el período 1 de septiembre de 2016-31 de julio de 2018, al que se remite el órgano auditor. En él se destaca que «tendrá un mayor éxito la cobrabilidad de las providencias de apremio cuanto más ágil sea su gestión de cobro, reduciéndose su potencial cobrabilidad por el transcurso del tiempo hasta que sobrevenga la declaración como incobrable o, en su caso, la prescripción».

2.537 millones en remanentes

La Audiencia de Cuentas llama la atención en su informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma relativo a 2020, como ya había hecho respecto al año anterior, del elevado volumen de los remanentes para gastos generales de las entidades locales. A fecha de 31 de diciembre de 2019, la cifra alcanzaba los 2.537,4 millones de euros, según la información publicada por el Ministerio de Hacienda.

En este sentido, los datos aportados en el documento de la Audiencia indican que los remanentes en los siete cabildos y 88 ayuntamientos del archipiélago se han duplicado en cuatro años, que sumaron en 2016 un total de 1.368,6 millones de euros.

Destaca especialmente el caso de las corporaciones municipales. El informe detalla que los remanentes de los ayuntamientos ascendían en el año 2016 a 429 millones de euros, cantidad que se incrementó casi un 58% en el ejercicio siguiente hasta alcanzar los 678,2 millones. Volvió a aumentar en 2018 para llegar en 2019 a los 903,5 millones de euros, lo que equivalía a un 52% más que la cantidad registrada cuatro años antes.

También los remanentes de las corporaciones insulares se han elevado de manera considerable en este periodo, tal como destaca el órgano auditor en su análisis aprobado el pasado mes de diciembre. Las cifras recogidas partiendo de la información que dispone el Ministerio de Hacienda indican que en el año 2016, los siete cabildos sumaron 939 millones de euros por este concepto.

Esta cantidad subió en cerca de 200 millones en 2017 y volvió a elevarse en otros 220 millones durante el ejercicio siguiente. Sin embargo, el salto entre 2018 y 2019 fue superior, hasta alcanzar los 378 millones y situar los remanentes de las corporaciones insulares en los 1.634 millones de euros.