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El Gobierno de Canarias espera tener un borrador con las actualizaciones y modificaciones de su Ley del Suelo en septiembre de este año para, posteriormente, trasladarlo a los grupos parlamentarios. El director general del Territorio, Onán Cruz, apunta que «hay varios artículos que aclarar y rectificar para que no se den diferentes interpretaciones». Incide, además, en que se tienen que introducir «nuevos elementos» a la norma, como la agenda urbana y el reto demográfico.
Tras una reunión con los técnicos municipales de los cabildos celebrada en abril, el Gobierno regional comenzó ayer las jornadas técnicas con los ayuntamientos en El Hierro para buscar una actualización de la ley «lo más consensuada posible».
El Ejecutivo pretende conocer así todas aquellas demandas y sugerencias que tengan que aportar tanto las administraciones públicas como las patronales y demás agentes implicados a la renovación de una Ley que está vigente desde hace siete años. En dicho encuentro estuvo presente la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.
En este caso, Onán Cruz apunta que la modificación pasa por buscar mecanismos para «agilizar, simplificar y racionalizar» los procesos urbanísticos y de planeamiento. Se quiere que la administración sea más ágil y se buscan, por ejemplo, «mecanismos que acorten el plazo de concesión de las licencias».
Aunque desde la Consejería son conscientes de que hay que luchar por aumentar la plantilla en las administraciones, ya que, «es evidente que es mejor tener tres técnicos que uno para elaborar un informe», lo que se busca con esta actualización de la ley es que el proceso de elaboración de los informes sea más simple y que, «en un futuro, sea más óptimo».
Sobre algunas de las discrepancias que existen entre los agentes implicados en el sector, el director general remarca la demanda de las patronales de la construcción por agilizar la concesión de las licencias, ya que algunas «tardan tres años». Cruz remarca que una de las líneas de trabajo será llegar a acuerdos con los ayuntamientos para que este proceso se agilice.
En la actualidad, hay distintos municipios que han iniciado sus planes supletorios -planes generales que existían antes de la Ley del Suelo de 2017- para actualizarlos al texto normativo vigente. Dicha norma no obliga a los ayuntamientos a actualizar sus planes generales. En este caso, el director general explica que «la Ley del Suelo da herramientas a través de modificaciones menores» para adaptar el plan general a las «necesidades cambiantes» de la ciudad o municipio. En este sentido, se han abierto más de 300 modificaciones de planeamiento durante estos años.
Así, el calendario de trabajo prevé que haya encuentros en todas las islas que finalizarán en junio. Está previsto que, cuando finalicen estas reuniones, se hable con las patronales de la construcción y las turísticas y se haga una ronda con los colegios profesionales de arquitectos y geógrafos.
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