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El Gobierno de Canarias ya no exigirá realizar 15 viajes al mes para disfrutar de las guaguas de manera gratuita. La directora general de Transportes, María Fernández, trasladó este lunes a los cabildos esta decisión y calificó de «caprichoso» el límite fijado por el anterior Ejecutivo autonómico.
En cambio, sí se exigirá que quienes se beneficien de esta iniciativa sean usuarios «habituales» del transporte público vinculado a los bonos. Sobre esta base, indicó Fernández, serán las corporaciones insulares las que decidan qué fórmula utilizan para mantener esta subvención y controlar a los «viajeros habituales».
La directora general convocó la mesa interadministrativa del Transporte, en la que se sientan Gobierno y cabildos, para analizar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre aprobado por el Gobierno de España a final de 2023.
María Fernández hizo llegar a los representantes insulares parte de un estudio sobre el impacto de esta medida. Entre los datos que arroja, dijo, figura que establecer un mínimo de 15 viajes fue una «decisión caprichosa que ha generado un efecto totalmente pernicioso en el modo de viajar de los usuarios».
Con este condicionante, apuntó, no se ha tenido en cuenta el dimensionamiento del transporte en las distintas islas, lo que ha creado «un estrangulamiento en algunos cabildos a la hora de justificar esta subvención a final de año».
Además, considera que limitar el número de trayectos hizo que se realizaran muchos « viajes en vacío», es decir, recorridos que antes se hacían caminando y se utilizan para llegar a ese mínimo de 15 viajes.
Agregó que la subvención de Madrid tampoco estaba vinculada a un número concreto de viajes y supuso una invasión de las competencias de los cabildos, que son los responsables para decidir sobre su planificación de movilidad.
Con estas premisas, ahora cada cabildo debe controlar que los viajeros que accedan al transporte gratis sean «viajeros habituales». E insistió en que «nosotros no vamos a exigir nada, son ellos los que van a decidir cómo lo quieren hacer, incluido si quieren mantener los 15 viajes».
Otro de los aspectos abordados en este encuentro fue el «compromiso firme del Gobierno» de actualizar el coste real de la subvención, «porque se ha aumentado un 44% el número de usuarios y eso supone un aumento en el coste del servicio».
Fernández señaló que aunque ha pedido datos concretos a las islas, el estudio de la Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda estima que se ha reducido el pago del precio medio del billete por viajero del 50% al 20%.
Con este porcentaje, la partida de 81 millones habilitada por el Estado «se ha quedado corta» y según el Gobierno de Canarias, el coste real se puede ver incrementado en otros 60 millones o 70 millones, lo que supone practicamente duplicar la cifra.
Transportes ha pedido a los cabildos que aporten los datos de cierre de año de sus concesionarias para sumarlos a este estudio con el objetivo de «hacer un frente común ante Madrid y exigir esa actualización» de los costes. En cualquier caso, puntualizó que esta es una competencia de las corporaciones insulares.
Respecto a la posibilidad de que el decreto del Consejo de Ministros que incluye esta medida no sea convalidado en el Congreso por la negativa de Junts, Fernández indicó que «lo único que puede hacer Canarias es mantener la presión sobre el Estado, porque esta medida no solo estaba contemplada en los presupuestos, sino recogida en un pacto de gobernabildad en el que se garantizaba esos fondos».
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