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Imagen del Consejo de Gobierno celebrado este lunes bajo la presidencia de Fernando Clavijo. c7

Canarias «acompañará» a Madrid en la búsqueda apoyos a la ley de Extranjería

El Ejecutivo autonómico pide a Sánchez y Torres que «gobiernen y firmen ya el decreto ley» porque el acuerdo «no puede pasar de esta semana»

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de junio 2024, 18:26

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El Gobierno de Canarias quiso este lunes despejar cualquier duda respecto a su posición unánime sobre la modificación de la Ley de Extranjería para la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados y puso la responsabilidad en el Estado.

Primero el presidente, Fernando Clavijo, y después el portavoz, Alfonso Cabello, insistieron en que «esta misma semana» debe quedar cerrado el texto del cambio legislativo por parte de Pedro Sánchez y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

A partir de ese momento, el Ejecutivo canario «acompañará» al Estado en la búsqueda de apoyos para la votación en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de Canarias mantiene que es «urgente e imperioso» que se apruebe la modificación normativa y el portavoz recalcó que «CC y PP han hecho su tarea y presentado tres textos diferentes en los últimos meses».

Ahora, puntualizó, es el Estado el que debe adoptar un acuerdo y «el presidente y el vicepresidente» autonómicos lo acompañarán a la búsqueda de apoyos.

Domínguez apoya el cambio

Cabello reiteró que el Ejecutivo está unido tras las declaraciones del vicepresidente y líder del PP, Manuel Domínguez, la semana pasada en las que señalaba que Torres había «reventado» el acuerdo y que su formación no firmaría ningún texto sin antes reunir a la Conferencia de Presidentes.

El propio Domínguez se encargó de rebajar el tono y señaló que trabajará en su partido para conseguir este respaldo al cambio a la Ley de Extranjería «le cueste lo que le cueste».

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz insistió en que tanto el Ejecutivo regional como todas las fuerzas políticas del Parlamento excepto la ultraderecha tienen una misma posición sobre este asunto.

En línea con Fernando Clavijo, indicó que «Canarias le pide al Estado que gobierne» porque «no puede pasar de esta semana que se cierre el texto», ante la situación «compleja» que vive el archipiélago.

Una situación que puede empeorar en los próximos meses ya que las previsiones de llegadas apuntan que se podrían superar las cifras del año pasado y se podrían contabilizar hasta 10.000 menores no acompañados.

Aseguró que «pasarse la pelota» como hace Ángel Víctor Torres al colocar la responsabilidad en la decisión de los populares «no es una opción».

Decreto ley

Además, la comunidad autónoma mantiene que este cambio en la ley se debe llevar a cabo por un decreto ley, ya que estaría en vigor al día siguiente de la aprobación por el Consejo de Ministros y se convalidaría en el plazo de un mes en el Congreso.

En cambio, si el Estado opta por la proposición de ley, como ha defendido hasta ahora, su aprobación definitiva en las Cortes se dilataría varios meses.

El Gobierno de Canarias también ha planteado la celebración en el archipiélago de una conferencia sectorial de menores -foro que reúne al Ejecutivo central con las comunidades autónomas-, de manera que el resto de los territorios del Estado puedan conocer de primera mano la situación que viven las islas y la presión que sufre el sistema alojativo por la atención que se presta a los menores migrantes no acompañados.

Nuevos centros

La comunidad autónoma tutela en estos momentos a 5.645 menores extranjeros no acompañados. De firmarse el acuerdo pactado entre las dos administraciones, se podrían derivar a otros territorios a 2.645 chicos que vendrían a aliviar el sistema de acogida en las islas.

Actualmente hay disponibles 80 centros pero su situación es de «desbordamiento» y «extenuación» del personal, indicó el portavoz, Alfonso Cabello.

Por eso, Canarias espera poner en marcha «dos o tres recursos más» en julio. Subrayó Cabello que, según las previsiones, en los próximos meses podrían llegar en torno a 10.000 menores más, lo que haría necesario instalar carpas tras la negativa de Defensa de ceder instalaciones militares, «una solución que no queremos».

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