La Cámara exige el reparto de menores pero Torres duda de su efectividad
La consejera de Derechos Sociales ha afirmado que el retraso del protocolo se debe a la falta de consenso entre el resto de autonomías
Canarias tiene dos oportunidades de arrancar un compromiso firme al Estado sobre la crisis que sufre con los menores extranjeros no acompañados: la comisión bilateral y la conferencia de presidentes autonómicos. Ambas fechas, previstas para la próxima semana, fueron señaladas ayer por los grupos parlamentarios durante una comparecencia en la que acordaron la necesidad de ser «valientes» y exigir una solución ante la falta de medios.
Actualmente, la Comunidad Autónoma tutela 2.819 menores, la mayoría en Gran Canaria y Lanzarote, por ser las principales islas receptoras del fenómeno migratorio. Una cifra límite sobre la que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, llamó la atención, sumándose a las declaraciones de la dirección general de Protección a la Infancia. «No hay ni una sola plaza más», afirmó, por lo que temen no poder garantizar los derechos y el interés superior del menor.
La propuesta de la consejera de cara a estos encuentros es reiterar la necesidad de firmar un protocolo de reparto reglado entre todo el territorio, de manera que las comunidades fronterizas no soporten solas el peso de la crisis humanitaria.
En este sentido, Santana insistió en que han agotado todas las vías posibles para que se asuma esa «corresponsabilidad», argumentando que la legislación no concreta que Canarias deba tener la competencia de los menores extranjeros en un caso extraordinario como el de la crisis migratoria.
«Hay una laguna importante -reconoció- y por ello va a ser muy útil la próxima reunión bilateral Canarias-Estado, para fijar qué criterios debemos seguir a la hora de abordar la tutela».
El presidente canario teme que se incumplan los acuerdos como se ha hecho en el pasado
Sin embargo, existen dudas dentro del Gobierno canario sobre la efectividad del acuerdo. El presidente Ángel Víctor Torres admitió en un Encuentro SER de la cadena radiofónica no tener la convicción de que este vaya a respetarse, basándose en los precedentes. «La firma de un pacto obliga a quienes lo suscriben a cumplirlo, pero ahora parece que la inmigración no nos obliga, sino que es siempre culpa del otro», señaló el presidente.
Con todo, el documento llega con retraso, según la consejera, debido a que el Ministerio de Derechos Sociales quiere presentar un protocolo «lo más consensuado posible» a la comisión territorial. La falta de apoyo de algunas autonomías se han hecho patente desde los acuerdos para derivar a 208 menores, los únicos acogidos por el resto del Estado.
«Llegaremos donde haya que llegar», sentenció Santana ante la Cámara regional. Si bien contó con el reconocimiento de la mayoría de los grupos por el trabajo realizado con los menores hasta el momento, también reclamaron mayor contundencia ante el Gobierno central.
Desde la oposición, Poli Suárez (PP) se mostró especialmente crítico al asegurar que la situación «no está controlada» ni el Gobierno «dispone de medios suficientes». Unas declaraciones que se sumaron a las de Cristina Valido (CC), quien instó a la consejera a hacer valer la «influencia» del PSOE y de su partido, Podemos.
Durante la comparecencia en el Parlamento, Noemí Santana también dio cuenta de los retrasos en las pruebas de determinación de la edad. Según sus cálculos, 1.282 tutelados están pendientes del decreto pese a que la ley de Extranjería establece un máximo de 90 días, y aventura que gran parte son adultos.
Reconoció, no obstante, la «voluntad de mejora» por parte de la Delegación del Gobierno, que ha prometido ampliar los recursos. Agilizar este procedimiento «desahogaría» las plazas y evitaría que los menores corrieran riesgos ante la presencia de adultos.
En este sentido, Santana también afirmó que volverá a reunirse esta semana con Save the Children para reiterar ante el Ministerio de Interior la iniciativa ya en marcha en otras comunidades que permite a ONG especializadas hacer un cribado a pie de costa de los menores que llegan.
