El consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández. / EFE

Los cabildos reclaman un reparto equitativo entre islas y agilizar las pruebas a menores

Resaltan problemas de coordinación y comunicación entre las administraciones para abordar la crisis migratoria

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

Poco han aprendido las administraciones públicas de los errores del pasado en materia migratoria. Así lo ha expuesto el consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, que compareció ayer en comisión parlamentaria en representación de la Fecai.

Dos fueron los principales problemas recalcados por el consejero: la falta de una distribución equitativa entre islas y la creciente presión en los centros de menores. A esto se añade la poca fluidez en la coordinación entre las instituciones y que afirmó que a veces no se ha tenido en cuenta a los cabildos. «No tenemos demasiadas competencias legales, pero sí morales, y siempre hemos tendido la mano», enfatizó.

En este sentido, Hernández recuerda que a su llegada al cargo, en plena crisis migratoria, no contaba con el registro del número de inmigrantes que había en la isla y algunos cabildos se enteraban de traslados de personas o la apertura de nuevos recursos de emergencias «a golpe de titular». Una situación que, insistió, no puede volver a suceder. «No nos ahoguen más con improvisaciones. Las llegadas no se planifican, vienen de improvisto, así que debemos estar preparados».

«Las llegadas no se planifican, vienen de improvisto y debemos estar preparados»

Adargoma Hernández

El representante de la Fecai ahondó en la necesidad de dotar a cada isla de los recursos de acogida necesarios para evitar que la presión recaiga en las principales receptoras, como Gran Canaria o Lanzarote, que ya ha atendido a más del doble de personas para lo que está capacitada.

«El Estado, sin duda, debe involucrarse, pero lo primero es ser solidarios entre nosotros», apuntó Hernández. «La población migrante no se reparte de manera homogénea y a eso se suman otros factores como la incidencia del turismo y la población flotante que habita en Canarias».

Con ello pidió el consejero amplitud de miras para no focalizar la atención únicamente en las pateras, sino también a los migrantes que llegan a través de puertos y aeropuertos, que implican esfuerzos económicos, técnicos y humanos para los cabildos.

Presión

En lo que respecta a los menores, Hernández se sumó grito de ayuda de la dirección general de Protección a la Infancia. La comunidad autónoma tutela en la actualidad a más de 2.400, una situación «sangrante» que pone en peligro la calidad de la atención. «Aquí sí es verdad que tenemos una comunicación constante, pero es casi nula con el Estado», subrayó el consejero, que además apuntó a la falta de coordinación entre ministerios.

Entre los asuntos urgentes destacó las pruebas de edad, donde los procesos de valoración de documentos se alargan meses, al igual que los decretos de la Fiscalía. La consecuencia es la sobresaturación de centros, donde conviven menores y adultos, con los riesgos que supone.

Tampoco existe coordinación entre ambas provincias en lo que respecta al protocolo y, en concreto, Las Palmas soporta una carga mayor: a l menos 800 personas están pendientes de las pruebas.

Concluyó el representante de la Fecai que los cabildos reclaman que a Canarias «no se trate limosna» ni que se les dé de lado en Europa pero, sobre todo, ha pedido que el dictamen de la comisión no se quede en papel.