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Imagen de archivo de inmigrantes que alcanzaron las costas canarias. EFE
Las autonomías rechazan que las islas deriven menores a ONG de la península

Las autonomías rechazan que las islas deriven menores a ONG de la península

La propuesta del Estado y de la comunidad canaria para trasladar a 470 jóvenes quedó sobre la mesa de la Comisión Sectorial de Infancia

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de marzo 2024

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Las comunidades autónomas han frustrado el intento de trasladar a 470 menores migrantes no acompañados desde Canarias a entidades sociales de la península de manera directa.

La propuesta fue planteada por el Ministerio de Infancia y Juventud, de manera conjunta con el Gobierno regional, y pretendía la derivación «inmediata» de estos chicos ante la «presión» que sufre el archipiélago, explicó el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, después de la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia.

Puntualizó que desde el archipiélago se ha «insistido mucho» ante Madrid para buscar vías que alivien esta situación mientras se produce la modificación de la Ley de Extranjería, ya acordada con el Gobierno central, que permitirá que todas las comunidades se corresponsabilicen de los jóvenes que llegan a las costas a bordo de cayucos y pateras y no sea competencia exclusiva de los territorios frontera donde desembarcan.

Esta fórmula, señaló Candil, ya se ha utilizado en otras ocasiones y pasa por ceder a las organizaciones sociales de acogida la guarda de los menores, mientras que la tutela permanece en manos de la comunidad canaria.

Agilizar traslados

Por eso, no entiende el viceconsejero «qué es lo que ha pasado para contar ahora con esta negativa», sobre todo cuando todo este proceso, indica, estaría financiado por el Estado. El objetivo es agilizar los traslados, puesto que el proceso de firma de convenios con otras autonomías es «demasiado largo».

Tal es así, que del acuerdo cerrado el pasado mes de octubre en este mismo foro para derivar a 339 chicos desde las islas a otras regiones, sólo se ha podido trasladar a ocho, todos a Aragón. En estos momentos, en los centros del archipiélago hay acogidos un total de 5.370 menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, las comunidades que acudieron a la reunión con el Ministerio mantienen que llevar a cabo estos acuerdos con la entidades sociales «invade sus competencias» y prefieren que se mantengan los actuales protocolos porque, de otra manera, «se destruye el anterior modelo de acuerdo». El resultado es que la iniciativa quedó sobre la mesa y Canarias no podrá trasladar a estos casi 500 menores.

Francis Candil insistió en que el actual procedimiento para la derivación es «tedioso», como se ha comprobado con el acuerdo de octubre. Aunque esta semana se han cerrado convenios con Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra y Galicia -que se vienen a sumar a los alcanzados con Aragón, Cantabria y Madrid-, los plazos «se eternizan y el traslado no es ni mucho menos inmediato».

La comisión sectorial -que contó con la presencia del Secretario de Estado y la directora general de Infancia- tenía además en el orden del día la aprobación de una propuesta para distribuir una partida de 30,5 millones, recogidos en los Presupuestos del Estado prorrogados, para financiar estos traslados a las entidades sociales. De esta partida, la mayor parte -25 millones- estaban destinados a cubrir la derivación de los 470 menores no acompañados desde Canarias, mientras que en torno a 5,3 millones de euros financiará el traslado de un centenar de jóvenes desde Ceuta a otras comunidades.

Modificación legislativa

De esta manera, la única salida para aliviar la situación de la comunidad autónoma es cerrar cuanto antes una propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tal como se acordó hace unos días en la reunión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, para que la acogida de menores migrantes no acompañados sea una responsabilidad de todas las comunidades.

A partir de este encuentro, ambos gobiernos continuarán trabajando con el objetivo de cerrar una propuesta normativa que debe estar ultimada la próxima semana. Esta opción se plantea, tal como han repetido desde las dos administraciones, porque la solidaridad entre comunidades autónomas no ha funcionado.

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