Anticorrupción investiga a Clavijo por el caso Reparos

La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada en el llamado caso Reparos, una causa que cuestiona la gestión de los exalcaldes de La Laguna (Tenerife) Fernando Clavijo y José Alberto Díaz (CC), en concreto, en su decisión de prorrogar determinadas concesiones municipales a pesar de los reparos opuestos por el interventor.

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

En un informe fechado el 11 de marzo que ha adelantado Canarias Ahora y al que ha tenido acceso Efe, la fiscal María Farnés Martínez expone al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife) su opinión sobre la denuncia del concejal de la oposición Santiago Pérez, que pidió que se investigara por qué de 2013 a 2017 los alcaldes de la ciudad dictaron 118 decretos para levantar reparos del interventor a la prórroga de diferentes concesiones municipales.

En este informe, que sale a la luz al día siguiente de que el Tribunal Supremo archivara las acusaciones contra Clavijo en el caso Grúas, también centradas en su etapa como alcalde, la fiscal expone que ha advertido en esos expedientes «indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación», en los que involucra a «la Alcaldía», utilizando ese término genérico.

«De los anteriores expedientes administrativos, se deduce que la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna ha venido prorrogando y dando continuidad reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos como hemos visto anteriormente millonarios, levantando por decreto los REPAROS (con mayúsculas en el original) de legalidad de la Intervención General que advertía que esta forma de actuar era contraria a la ley de Contratos del Sector Publico y a las Bases y Pliegos de los concursos», precisa.

El Ministerio Público subraya que hasta la fecha no se ha tomado declaración «a los investigados», por lo que propone que se cite como tales a tres antiguos altos cargos del Organismo Autónomo de Deportes, Aymara Calero Tavio (expresidenta), Agustín Fernando Hernández Serrano (expresidente) y Asier Amador Robayna (exgerente); a la jefa de Servicio de Bienestar Social, Rosa Ana García Gaviño; y al técnico de la unidad de Educación Carlos A. Gómez Rodrigues.

La fiscal no pide en este informe que se tome declaración como investigados ni a José Alberto Díaz ni a Fernando Clavijo, a quien tampoco se podría emplazar como tal ante el juzgado de La Laguna, sino solo ante el Supremo, por su condición de senador.