Imagen de archivo de un grupo de alcaldes de Gran Canaria. / Cober

'No' de los alcaldes a que sus servicios sociales hagan gestiones del ingresovital

La Fecam asegura que no es su competencia y además supondría una carga de trabajo que ya se ha visto incrementada por la pandemia

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Los alcaldes canarios rechazan que los servicios sociales municipales deban emitir los certificados para la obtención del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así se lo ha transmitido por carta la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa socialista de Candelaria, María Concepción Brito, a la Federación Española de Provincias y Municipios (Femp), a la que pide que «reconduzca la situación».

Los ayuntamientos de las islas acordaron, primero en una reunión de la comisión de Bienestar Social y Sanidad de la Fecam el 28 de abril, y posteriormente en el comité ejecutivo celebrado el 4 de mayo, dejar constancia de que a su juicio, «no se deben confundir» las funciones de los servicios sociales, orientadas a la atención y acompañamiento de las personas más vulnerables «con tareas de gestión administrativa», como es la que impone el Real Decreto 3/2021 a los servicios sociales municipales en relación a la percepción de la citada prestación estatal, puntualiza Brito en su carta.

Este Real Decreto viene a establecer medidas para la reducción de la brecha de género «y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico» y modifica el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el ingreso mínimo vital. El nuevo texto incorpora un artículo para fijar las obligaciones de los servicios sociales.

Los ayuntamientos argumentan que no es su competencia la 'tarea' establecida en el Real Decreto-Ley 3/2021

En su escrito a la Femp, la presidenta de la Fecam muestra la «preocupación» manifestada por los ayuntamientos del archipiélago sobre este asunto y apunta además como argumento para rechazar esta nueva tarea que la habitual carga de trabajo en los servicios sociales, se ha visto incrementada por la situación de emergencia económica y social actual provocada por la pandemia del coronavirus, «por lo que resulta totalmente incompatible la delegación de gestiones relativas al ingreso mínimo vital con las tareas propias de los trabajadores de los servicios sociales».

Agrega la presidenta de los alcaldes canarios que, de añadir esta función al trabajo que ya tiene el personal de servicios sociales podría derivar en una «merma en la calidad de la atención que ahora más que nunca necesita el ciudadano».

María Concepción Brito también apunta en su carta al presidente de la FEMP, el también socialista Abel Caballero, que a todos estos argumentos se debe sumar que las certificaciones o acreditaciones de los supuestos recogidos en el texto del Real Decreto «además de no ser competencia de los servicios sociales municipales, supondría una tarea de indagación por parte de los mismos, que, una vez más, ni es de su competencia, ni se estaría en situación de realizar, dada la presión asistencial actual».

Desde esta posición, la Federación Canaria de Municipios reclama información relativa a la posición de la Femp sobre este asunto, que califican como «crucial para el efectivo desarrollo de los servicios sociales municipales» y solicitan que esta entidad nacional realice las «negociaciones o gestiones pertinentes para reconducir la situación».

Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Ingreso Mínimo Vital llegaba el pasado mes de marzo a un total de 10.192 hogares canarios que cobran una media de 415 euros mensuales -la media en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 417 euros, tres euros más alta que en Las Palmas-. El número de beneficiarios ascendía a 23.704 personas, de las que 14.587 son adultos y 9.117 son menores.

Desde el archipiélago se han presentado en torno a 97.000 solicitudes para recibir esta prestación, de las que solo resultaron válidas 92.338, de las que 49.081 en la provincia de las Palmas y 43.247 en Santa Cruz de Tenerife. Hasta el mes de marzo se habían tramitado 61.834 expedientes de los que habían resultado aprobados 10.276, mientras que 49.671 fueron denegados. Unos 2.000 expedientes estaban en periodo de subsanación, según la información publicada por el Ministerio de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que dirige José Luis Escrivá.